Organizaciones civiles reivindican el derecho a la energía asequible para acabar con la vulnerabilidad energética

Organizaciones civiles reivindican el derecho a la energía asequible y no contaminante para acabar con la vulnerabilidad energética que, según la 'Estrategia Nacional contra la pobreza energética' del Ministerio Transición Ecológica y Reto Demográfico (MITECO), afecta a entre 3,5 y 8,1 millones de personas en España.

En el marco de la celebración de la Semana Europea de Lucha contra la Pobreza Energética, decenas de organizaciones y activistas llevarán a cabo una acción directa que consistirá en conectar electrodomésticos de uso cotidiano a la red de algún lugar público para visibilizar la necesidad del derecho a la energía.

De este modo, las organizaciones participantes --entre las que se encuentran Ecologistas en Acción, Greenpeace, Amigos de la Tierra o Plataforma por un Nuevo Modelo Energético, entre otras-- reivindican que "disponer de la energía necesaria para vivir digna y adecuadamente es un derecho básico" y sostienen que solo será posible mediante un "modelo energético justo, de participación pública y democrática, que permita poner la vida en el centro".

La 'Estrategia Nacional contra la pobreza energética' del MITECO refleja un incremento de 3'4% en un año de la población que no puede mantener su vivienda a una temperatura adecuada (de 10,9% en 2020 al 14,3% en 2021), así como un aumento de dos puntos en el indicador de retrasos, de 7,2% (2018) hasta 9,5% (2021).

Además, este estudio concluye que los hogares en el primer quintil de renta, aquellos que no disponen de calefacción, los que tienen algún miembro en el paro y las familias monoparentales o con un adulto mayor de 65 años son los que se encuentran en mayor situación de riesgo. Asimismo, evidencia que, a nivel territorial, Ceuta, Región de Murcia, Melilla y Andalucía son los territorios con mayor porcentaje de población que no puede mantener una temperatura adecuada en invierno.

Los colectivos afirman que las "crisis climática, social, energética y de corrupción exigen un nivel de intervención sin precedentes por parte de los gobiernos y de la UE" que se dirija a reducir el consumo de gas, petróleo y electricidad mediante medidas "estructurales". Entre ellas, destacan una "reducción de la demanda energética, justa y redistribuida para abordar la crisis del costo de vida, la crisis climática y evitar endeudar a la sociedad en más infraestructura de combustibles fósiles".

En ese sentido, advierten que, en caso de no revertirse la situación, aparecerán como consecuencia directa una alta inflación, una recesión inminente y una emergencia climática.

Respecto al precio de la electricidad y el gas, la sociedad civil indica que evidencia el "obsceno funcionamiento del mercado eléctrico, con un modelo de fijación de precios marginalista eminentemente especulativo e injusto".

Asimismo, reclaman una reforma del mercado sustancial, que rompa con la integración vertical de la cadena de actividades energéticas en manos de 5 grandes empresas multinacionales y privatizadas, y un modelo energético completamente "renovable, descentralizado, eficiente, distribuido y democrático".

En esta línea, las organizaciones critican que, de la inversión prevista por el Gobierno para la rehabilitación de viviendas (6.820 M€ en tres años), las inversiones reales del Ejecutivo han alcanzado solo el 12% de lo estimado (840 M€).

"Creemos junto con la Alianza por la rehabilitación de viviendas sin dejar a nadie atrás (AXRSDANA), que es necesario que un 30% de los fondos de rehabilitación se dirijan a población vulnerable, y que necesitamos un marco fiscal que permita que nuestras administraciones dispongan de recursos para acelerar la transición ecológica con foco en los más vulnerables", han afirmado en un comunicado conjunto.

Las organizaciones civiles denuncian que se siguen produciendo "vulneraciones flagrantes del derecho a la energía". En relación con esto, opinan que, en el caso del barrio de la Cañada Real en Madrid que lleva ya más de dos años sin luz, no hay excusas, que todas las personas precisan de un suministro básico para la vida y acusan a la empresa privada de la que dependen de crear un "monopolio natural".

Dentro de las reivindicaciones también señalan como "urgente" dejar de señalar a la población que sufre pobreza energética como culpables de su situación ya que ellos mismos han puesto esta cuestión en el centro del debate, así como la implantación de una tarifa social energética que abogue por la "equidad y la justicia social" y sea "realmente garantista" para dar respuesta a la "ineficiencia" de la aplicación del bono social eléctrico y bono térmico.

Para corregir esta situación, los colectivos exigen al gobierno la implantación de una tarifa social que garantice el derecho a los suministros básicos, y de manera limpia y sostenible; la separación horizontal total y efectiva entre actividades liberalizadas (generación, comercialización y agregación) y las reguladas (distribución o transporte) de energía para que no puedan ser empleadas por las mismas empresas; y la aplicación de medidas para la rehabilitación y eficiencia energética "con visión de una transición justa" para priorizar con especiales facilidades y acompañamiento a los hogares vulnerables.

A esto añaden la prohibición de cortes de suministros básicos e implantación del principio de precaución, el cual conciben como la obligación de las empresas suministradoras de consultar a los Servicios Sociales la situación de las familiar antes de efectuar cualquier tipo de corte energético y aseguran que, a su vez, se cumpliría con los compromisos en la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética 2019-2024.

Las organizaciones firmantes del comunicado y, por tanto, de estas reivindicaciones son Ecologistas en Acción; Greenpeace; Amigos de la Tierra; Plataforma por un Nuevo Modelo Energético; Fundación Renovables; Feministas por el Clima; Fridays for Future Madrid; Coordinadora Vivienda Madrid; ACA Ambientales; APE Madrid; APE Cataluña; CGT; La Corriente; AeioLuz; Stop Desahucios Móstoles; CCOO; UGT; CECU; Som Energía Madrid; ATTAC; Pensionistas Móstoles; SOCAIRE; Plataforma contra la privatización del Canal Isabel II; ISF Cat; La Garbancita Ecológica S. Coop. Mad; Centro y Asesoría de Estudios Sociales (CAES Coop); Sociedad Española de Agricultura Ecológica (SEAE) y Plataforma Cívica Luz Ya, Cañada Real.