El borrador de la llamada Ley Trans ha vuelto a dividir al gobierno de coalición. El texto, desarrollado por el Ministerio de Igualdad de Irene Montero no ha agradado a todos los miembros del Ejecutivo, como Carmen Calvo. La vicepresidenta primera asegura que el proyecto no está lo suficientemente "maduro" y estima que las leyes que reconocen la autodeterminación de género "desdibujan a las mujeres como sujeto político y jurídico".
Pero no solo hay discrepancias en el Gobierno. La nueva norma se ha enfrentado a duras críticas de sectores feministas que niegan o cuestionan las identidades de género. Mientras, el colectivo LGTB defiende que son derechos humanos y que es necesaria una normativa que ampare a las personas transgénero.
Es el punto más importante y controvertido de la ley. La normativa actual, la 2/2007 de 15 de marzo, eliminó la necesidad de cirugía para consentir un cambio de sexo. Sin embargo, sigue siendo obligatorio un diagnóstico médico o psicológico de disforia de género y un tratamiento hormonal obligatorio de dos años. Con este cambio la transexualidad sería descatalogada como enfermedad, como ya hizo la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 2018. A través de un comunicado, la Sociedad Española de Psiquiatría ha avalado esta despatologización.
La libre determinación de género que contempla la propuesta de Igualdad es objeto de discrepancia entre los socios del Gobierno. La propia Calvo aseguró que le preocupaba "la idea de pensar que el género se elige sin más que la mera voluntad o el deseo, poniendo en riesgo, evidentemente, los criterios de identidad del resto de los 47 millones de españoles".
Por su parte, las personas trans defienden que su identidad de género no es un trastorno, sino que es "inherente" a la persona. Son hombres o mujeres, no se hacen, y no todas estas personas quieren pasar por quirófano. Pero en el otro lado del debate se encuentran grupos feministas transexcluyentes que temen que no necesitar un informe que acredite el cambio de género compromete los espacios y los derechos de las mujeres.
Por ejemplo, si un hombre acude al registro civil a cambiarse de sexo tras maltratar a una mujer, dejaría de ser efectiva la ley 1/2004 de 28 de diciembre de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género.
https://twitter.com/Errekaor3/status/1361459483139006466
El reglamento estipula que los mayores de 16 años pueden solicitar el reconocimiento de su identidad de género en el registro. En estos casos sería necesario que uno de los progenitores o tutores legales diesen su consentimiento. Si alguno de éstos se opusiera a la voluntad del menor "será nombrado un defensor judicial, en los términos establecidos en la legislación civil".
Multitud de críticas en torno a este punto se basan en la falta de madurez de los menores para tomar una decisión tan trascendental. Sin embargo, en 2019 el Tribunal Constitucional dictaminó que sí podrían solicitar un cambio de sexo aquellos menores "con suficiente madurez y que se encuentren en una situación estable de transexualidad". Una postura que respalda el Consejo de Europa, que insta a reconocer la autodeterminación sexual de las personas, independientemente de la edad y de los padres o tutores.
https://twitter.com/AngelLestat666/status/1360511236383903744
Si finalmente la Ley Trans la ministra de Igualdad entra en vigor, en España existiría una nueva categoría jurídica que englobase a las personas no binarias. Quienes se sienten representadas en este grupo no se autoperciben como hombre ni como mujer y prefieren identificarse con un tercer género o con ninguno.
Esta opción podría dejar sin amparo en una serie de ámbitos, como la Ley contra la Violencia de Género. Una postura que, por supuesto, también tiene opositores que consideran que reconocer un tercer género no supone la pérdida de derechos para ningún ciudadano.
España no sería pionera en establecer esta distinción, ya que países como Australia, Alemania, Dinamarca, Nepal, Canadá, Pakistán, Reino Unido, Nueva Zelanda y algunos estados de EEUU ya incluyen un tercer género.
https://twitter.com/LaEtxebarria/status/1342010047295983617
El capítulo que aborda el ámbito deportivo ha generado también un intenso debate. El Partido Feminista ha mostrado su rechazo al artículo que prohíbe "los controles de identidad sexual y/o de género en el ámbito deportivo", al considerar que afectaría a los logros obtenidos por las mujeres en las competiciones.
También el grupo de activistas respaldado por el PSOE 'Alianza contra el Borrado de las Mujeres' se ha ha pronunciado sobre este aspecto. A su parecer, el deporte femenino se ve afectado como consecuencia de la aceptación de personas transgénero por cuestiones anatómicas.
https://twitter.com/ContraBorrado/status/1361328586343526403
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