Fiscalía alerta que los procedimientos incoados por violencia sobre la mujer en la Región aumentan un 28% en 2021

Díaz Manzanera advierte que siguen recibiendo denuncias políticas que "siguen siendo absolutamente inaceptables"

La Región de Murcia ha registrado la incoación 8.343 procedimientos de violencia sobre la mujer en el año 2021, lo que supone un incremento del 28,27% con respecto a los 6.504 del año anterior, tal y como ha advertido el fiscal superior de la Región, José Luis Díaz Manzanera.

En la presentación de la Memoria del año 2022 de la Fiscalía Superior de la Región --que contiene los datos relativos al año 2021--, Díaz Manzanera ha recordado que el incremento de casos que se registró en 2020 con respecto a 2019 en esta misma área pudo tener como razón el confinamiento por la pandemia y la obligada convivencia en los domicilios. En cambio, ha reconocido que "no hay una razón concreta" que explique el incremento registrado en 2021.

De hecho, ha alertado que el número de casos incoados de violencia sobre la mujer van en incremento "año tras año". A su juicio, se trata de un problema "de base y de educación" que se "debe trabajar con la gente joven". En cualquier caso, ha admitido que la Justicia en este caso no está obteniendo el resultado de "prevención" y disuasión que cabría cosechar por el "miedo a la sanción penal".

Ha advertido que los delitos de quebrantamiento de condena o medida cautelar ha aumentado un 60,76%, lo que "está relacionado sobre todo con el ámbito de violencia contra la mujer", según el fiscal superior, quien ha precisado que se han dado 65 ingresos en prisión provisional, con un incremento de la colocación de pulseras o dispositivos técnicos de control.

En concreto, hay 62 de estos dispositivos activos en 2021, pero Díaz Manzanera ha advertido que se está generando un problema con estas pulseras en algunas poblaciones de la Región por su "escasas dimensiones geográficas", unido a que en algunas zonas rurales "hay escasa señal y cobertura".

TRATA DE SERES HUMANOS

En otro orden de cosas, Díaz Manzanera también ha dicho estar especialmente preocupado por el incremento de casos en el área de trata de seres humanos. "Es brutal; una realidad que es mayoritariamente desconocida", según el fiscal superior, quien ha advertido que los autores de estos delitos tienen una "nula catadura moral" y "solo se mueven por dinero".

Se trata, añade, de un problema muy extendido especialmente en las provincias costeras y que "obliga a un trabajo de coordinación" con la Fiscalía y las fuerzas policiales". Por eso, ha avanzado que a partir de septiembre va a mantener reuniones con la Guardia Civil y la Policía Nacional para trabajar con más profundidad a este respecto.

En concreto, en delitos de trata de seres humanos, ha destacado que se han registrado 23 causas en 2021 (frente a las siete de 2020), con 25 víctimas detectadas (11 con destino a explotación sexual). "Fundamentalmente, está todo relacionado con falsas promesas de trabajo, obligando a ejercer la prostitución a las mujeres que vienen, viviendo en condiciones infrahumanas", según Díaz Manzanera.

A este respecto, ha considerado necesario "consolidar el testigo protegido, porque las víctimas son personas extranjeras, que se marchan a sus países y luego es muy difícil localizarlas para el juicio oral". Así, ha defendido que la prueba preconstituida permite presentar la grabación o el documento firmado en el juicio y es tan válida como si la víctima hubiera testificado.

MAR MENOR

En lo que respecta al Mar Menor, Díaz Manzanera ha recordado que la Fiscalía ya presentó el 10 de enero de 2022 el escrito de acusación contra más de 30 personas físicas y jurídicas dedicadas a la agricultura y que "han realizado vertidos ilegales" a la laguna salada, a los que hay que sumar "determinados cargos públicos".

Actualmente están en trámite los escritos de defensa de los abogados que han recurrido el auto, aunque ha mostrado su esperanza en que el procedimiento llegue este año a la Audiencia Provincial para que el juicio se fije "lo antes posible, ya para 2023", aunque ha reconocido que depende de los magistrados.

A este respecto, se ha mostrado especialmente "orgulloso" de la sentencia del TSJ de la Región admitiendo la demanda de la Fiscalía por inacción de la Consejería de Agricultura para exigir responsabilidad ambiental. "Me consta que la Consejería ha incoado expedientes de responsabilidad ambiental a esas empresas", ha remarcado.

JUDICIALIZACIÓN DE LA POLÍTICA

Al ser preguntado por la judicialización de la política, ha recordado que cuantificó los delitos relativos a la administración pública y, especialmente, aquellos por prevaricación, desde 2020 a octubre de 2021. En concreto, ha señalado que se archivaron el 77% de "las denuncias que se estaban interponiendo por parte de formaciones políticas y que se demostró que no tenían pruebas".

Ha insistido en que "no se puede estar utilizando la Justicia para estos fines". Aunque ha reconocido que "es posible" que se haya mejorado a este respecto, ha advertido que "siguen llegando denuncias que siguen siendo absolutamente inaceptables". En la mayoría de los casos, la Fiscalía practica diligencias pidiendo documentación, pero en otros casos "se archivan de plano". Así, espera que la proximidad de las elecciones de mayo de 2023 no implique un incremento de esta práctica.

DELITOS EN CONDUCCIÓN DE PATINETES

En lo que respecta la seguridad vial, ha señalado que un 45,5% de los fallecidos por accidente en carretera lo eran por ir drogado o bebido, mientras que un 44,1% fue por ir drogado. A su parecer, la Guardia Civil y las policías locales no están derivando "todos los positivos" detectados en los controles que "se podrían derivar".

Concretamente, la Guardia Civil ha derivado solo cinco casos a los juzgados de lo penal y las policías locales 11. Por ello, Díaz Manzanera se ha propuesto trabajar este asunto con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad con competencia en materia de tráfico.

También ha llamado la atención sobre el uso de los Vehículos de Movilidad Personal (VMP), llamados coloquialmente como patinetes aunque, en muchos casos, "no son patinetes", tal y como ha alertado. Ha recordado que una sentencia pionera del Tribunal Supremo ha fijado un criterio que establece que "conducir un patinete con unas determinadas características puede ser delito si no llevas permiso".

"También puede ser delito si vas drogado y si causas lesiones por imprudencia", según Díaz Manzanera, quien ha advertido que los conductores de estos vehículos "ya no van a poder alegar desconocimiento" en su defensa.

INCREMENTO DE LAS INCOACIONES, ACUSACIONES Y SENTENCIAS

Ha destacado que hay un aumento general de las incoaciones, con 80.881 entre los tres procedimientos penales más importantes, lo que representa un aumento del 16,19% respecto al año anterior. Asimismo, ha habido un aumento de los escritos de acusación (+19,42%); de medidas cautelares de prisión provisional (+31,2%); y sentencias (+44,34%), lo que considera "lógico" porque en 2020 se produjo el confinamiento. Del total de 9.810 sentencias, son conformes con la petición del Fiscal un total del 94,35% "en todo o casi todo".

Ha señalado que en 2021 se han presentado dos denuncias a raíz de otras remitidas por la Diócesis de Cartagena por posibles abusos sexuales de sacerdotes a menores de 16 años.

También ha llamado la atención sobre el incremento de casos de "acoso inmobiliario" (de dos en 2020 a ocho en 2021). "Los autores son los dueños de las viviendas, que ejercen una especie de acoso a los inquilinos".

Díaz Manzanera ha advertido también las dificultades de las fuerzas policiales para investigar los delitos relacionados con nuevas tecnologías, ya que "es muy fácil registrarse y darse de baja en perfiles sociales falsos", siendo difícil verificar la identidad porque, en muchos casos, hay que acudir con comisiones rogatorias al extranjero, donde están las sedes de estas redes sociales.