Denuncian un evento taurino de personas con acondroplasia en Murcia por ser contrario a la Ley

La Fundación Franz Weber ha anunciado la formalización de una denuncia administrativa contra la organización de un “espectáculo cómico taurino” previsto para el próximo mes de septiembre en Murcia, por ser contrario a la normativa estatal, el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social.

Los naturalistas fundamentan su escrito en la Disposición adicional decimotercera, que en su apartado 2 señala que “Quedan prohibidos los espectáculos o actividades recreativas en que se use a personas con discapacidad o esta circunstancia para suscitar la burla, la mofa o la irrisión del público de modo contrario al respeto debido a la dignidad humana.”

En los últimos meses tanto el Congreso como el Senado ratificaron por mayoría la enmienda, que prohibía de facto la convocatoria de los mal llamados espectáculos taurinos cómicos, cuyo desarrollo busca las risas del público sobre personas con acondroplasia.

La reforma legislativa fue el colofón a varios años de denuncias y presión de las entidades que atienden a personas con diversidad funcional como la Asociación Nacional para Problemas de Crecimiento, la Fundación ALPE Acondroplasia, ADEE España, Afapac o CERMI. También Fundación ONCE anunció la puesta en marcha un programa de integración sociolaboral para este grupo poblacional.

FFW ha considerado de extrema gravedad la participación de instituciones públicas en la publicidad del evento. El Ayuntamiento de Murcia y el Gobierno regional acompañaron la presentación pública de la feria taurina. Se da la circunstancia de que el Gobierno de la Región de Murcia sería competente en materia sancionadora, lo que añade preocupación en los naturalistas.

Ahora buscan que el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 ponga en marcha todos los mecanismos legales necesarios para suspender la convocatoria, cuestión en la que la ONG solicita la máxima celeridad a la Dirección General de Derechos de las Personas con Discapacidad.