La Comunidad Autónoma, a través de la Consejería de Política Social, Familias e Igualdad, consignará este año más de un millón de euros para el desarrollo de la gestión de la Fundación Murciana para la Defensa Judicial y Curatela de Adultos, quien prestó apoyo en 2022 a 667 personas, según han informado fuentes de la Administración regional en un comunicado.
En concreto, destina a la Fundación una inversión de 653.277 euros, lo que supone un 8,08 por ciento más con respecto a 2022 (43.000 euros más), a los que se suma otra inversión de 369.792 euros de los fondos de la Unión Europea que están destinados al proyecto de adquisición de dos viviendas.
Este martes ha tenido lugar la reunión anual de los patronos de la Fundación, presidida por la consejera en funciones, Conchita Ruiz Caballero, en la que se ha dado cuenta de la memoria económica y de las actividades, con las que se ratifica la continuación de la apuesta por la inclusión en la vida comunitaria de las personas con discapacidad que necesitan apoyo, al estar incapacitadas y no tener a nadie que atienda sus necesidades.
También se ha dado cuenta del procedimiento para el cambio del nombre de la organización, que pasa de ser Fundación Murciana para la Tutela y Defensa Judicial de Adultos a Fundación Murciana para la Defensa Judicial y Curatela de Adultos.
Ruiz Caballero ha subrayado el "compromiso" del Gobierno regional de "seguir fortaleciendo las políticas sociales con nuevas actuaciones y más recursos humanos y económicos". En el caso concreto de la Fundación, "un dato significativo que hemos analizado en la presentación anual de la memoria de actividades es que se está haciendo un gran esfuerzo para que estas personas permanezcan en sus propios domicilios, prestándole toda la asistencia, jurídica, social, médica, fuera de residencias", ha comentado.
Tras la aprobación de la Ley 8/2021, por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica, el Patronato de esta Fundación trabaja en el desarrollo de medidas para favorecer los apoyos necesarios aprobados judicialmente para la inclusión de las personas con discapacidad dentro de su entorno.
La consejera en funciones ha señalado que "el incremento de la demanda de los servicios prestados por esta Fundación hace necesaria la implementación de nuevas políticas sociales que hagan frente a las necesidades que tienen estas personas, además de asegurar la dotación suficiente de recursos para atenderlas".
Desde su creación en 2003, la Fundación ha ofrecido apoyo a 1.077 personas. Este organismo tiene como finalidad la curatela de las personas mayores de edad con medidas judiciales de apoyo y residentes en la Región de Murcia.
Su objetivo prioritario es conseguir la plena protección de los derechos de las personas en los términos de la Convención de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para la protección de las personas con discapacidad, respetando la propia personalidad y fomentando la autonomía e integración de las mismas.
Los problemas de salud mental suponen la principal causa de establecimiento de medidas de apoyo, bajo la que se acoge a más de la mitad de las personas que atiende la Fundación, un 58,5 por ciento; la discapacidad intelectual es la causa en un 30; en un 9,5 es la demencia y tan solo en un 2 por ciento la necesidad de medidas de apoyo judicial se debe a una discapacidad física.
Del total de personas que recibieron apoyo de la Fundación durante 2022, 154 permanecieron en un entorno comunitario, favoreciendo su inserción social y evitando ser ingresados en una institución. Por sexo, el 58 por ciento de las personas fueron hombres y el 42 por ciento mujeres. Por edad, el 82 por ciento tiene menos de 65 años.
El Patronato ha confirmado el desarrollo del Proyecto de Atención Individualizada (PAI), que se encarga, fundamentalmente, de la supervisión de personas curateladas con capacidades para que puedan llevar una vida en comunidad. La atención a domicilio la llevan a cabo los profesionales de la Fundación.
El PAI surgió en 2008 para atender a las personas atendidas por la Comunidad que conservan mayores capacidades y necesitan menos apoyos y pueden continuar por tanto residiendo en su domicilio o entorno comunitario, habiendo sido atendidas 118 personas durante el último año.
Además, la Fundación tiene suscrito un contrato con la Fundación Jesús Abandonado de dos plazas para prestar el servicio de apoyo integral de personas en situación de emergencia curateladas por esta institución; y ha asumido la defensa judicial de 50 personas en otros tantos procedimientos de provisión de medidas de apoyo.
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