El Gobierno deja en manos de las Comunidades Autónomas el toque de queda

Lo anunció la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, tras la reunión del Consejo de Ministros. El Gobierno dejará en manos de las Comunidades Autónomas el toque de queda a imponer en cada territorio. Hasta el día 9 de noviembre se mantiene el actual.

El ejecutivo de coalición entre PSOE y Unidas Podemos declaró el nuevo estado de alarma en todo el país, estableciendo un toque de queda obligatorio de 23:00 de la noche a 6:00 de la mañana. Se permitía un margen de una hora, arriba o abajo, para que cada CCAA delimitara su franja horaria. En la Región de Murcia se mantuvo el propuesto por el gobierno central.

El anuncio supuso el rechazo de los mayores partidos políticos de España, ya no con el toque de queda, sino con la declaración del estado de alarma durante los seis próximos meses meses. Tan solo dos días después el Gobierno parece haber rechazado en parte el decreto original. Por sus bajos índices de contagios, solo Canarias podía declarar de manera voluntaria el toque de queda.

Las Comunidades Autónomas gestionarán el toque de queda en cada provincia a partir de 9 de noviembre

Tras los acontecimientos de hoy, cada presidente autonómico determinará cuales son las limitaciones de movilidad en su región. Para ello deberán tenerse en cuenta la evolución de la pandemia y los datos que aporten los indicadores epidemiológicos. López Miras comparecerá cada 15 días en la Asamblea para explicar el estado de la pandemia en la Región. Será en ese momento cuando sabremos los murcianos si se sigue aplicando el toque de queda o no, y de que manera.

Esta medida sirve para que Gobierno Central y Comunidades Autónomas limen asperezas y vayan de la mano en la lucha contra el Covid-19. Así lo hacía intuir la portavoz del Gobierno, comentando que este nuevo acuerdo es "dar un amparo constitucional a las medidas que van a ir aplicando las autonomías". Siempre que los datos epidemiológicos de esta segunda ola de pandemia no vuelvan a hacer a actuar al ejecutivo nacional. Montero reconoce "el cansancio de la ciudadanía", pero considera "imprescindible" el cumplimiento de todas las medidas sanitarias establecidas por parte de unos y de otros.