La Región de Murcia fue en 2021 la quinta comunidad autónoma con mayor tasa de interrupciones voluntarias de embarazo (IVE), con el 11,46% por cada 1.000 mujeres entre 15 y 44 años, según se desprende del Registro Estatal de Interrupciones Voluntarias del Embarazo publicado este martes por el Ministerio de Sanidad.
Por delante de la Región se situaron Cataluña (13,42%), Comunidad de Madrid (11,90%), Baleares (11,56%) y Asturias (11,50%).
En el conjunto del país, las interrupciones voluntarias de embarazo aumentaron levemente el pasado año hasta las 90.189, mientras que en 2020 la cifra se situó en los 88.269 casos, situándose la tasa en los 10,70 por cada 1.000 mujeres entre 15 y 44 años, frente a los 10,33 del año anterior.
Por comunidades autónomas, Cataluña es la región con la tasa más elevada de interrupciones voluntarias de embarazo (13,42%), seguida de la Comunidad de Madrid (11,90%), Baleares (11,56%), Asturias (11,50%), Murcia (11,46%), Andalucía (11,18%) y Canarias (10,61%).
Las regiones con menor tasa de IVE en 2021 fueron Ceuta y Melilla (1,79%), Galicia (5,37%), La Rioja (6,17%), Extremadura (7,10%), Castilla y León (7,17%), Navarra (8,39%), Cantabria (8,68%), Aragón (8,79%), Castilla-La Mancha (8,90%), Comunidad Valenciana (9,02%) y País Vasco (10,39%).
Respecto a la edad de las mujeres, 312 eran menores de 15 años, 9.076 tenían entre 15 y 19 años, 18.753 entre 20 y 24 años, 19.227 entre 25 y 29 años, 18.641 entre 30 y 34 años, 16.187 entre 35 y 39 años, 7.309 entre 40 y 44 años y 684 eran mayores de 44 años. El 53,97 por ciento eran trabajadoras por cuenta ajena, el 34,63 por ciento tenían bachillerato y ciclos de FP equivalentes, el 47,69 por ciento no tenía hijos y el 65,35 no había tenido ningún aborto previo.
La mayor parte de las IVE tiene lugar durante las primeras semanas del embarazo. Así, el 72,42 por ciento de las mismas se registraron antes de la octava semana de gestación, mientras que sólo el 0,16 por ciento se produjo más allá de la vigésimo tercera semana.
El 90,98 por ciento de los abortos se produjeron a petición de la mujer, el 5,58 por ciento porque la salud y la vida de la embarazada corría un "grave riesgo", el 3,12 por ciento por riesgo de graves anomalías en el feto y el 0,29 por anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable.
Asimismo, el informe publicado por el departamento que dirige Carolina Darias ha mostrado que las 90.189 interrupciones incluidas en el Registro Estatal fueron realizadas en 210 centros autorizados, siendo el 84,33 por ciento de los mismos centros privados y el 15,67 por ciento centros públicos.
Asociaciones provida han calificado de "terribles" las cifras de interrupciones voluntarias de embarazo en 2021, que han aumentado levemente respecto al año anterior, hasta los 90.189 casos.
"Son cifras terribles de las que deberíamos avergonzarnos y plantearnos seriamente que no puede haber ni recuperación demográfica, ni económica, ni progreso verdadero, en una tierra que considera matar un delito y que abandona a las madres, que dedica el dinero a subvencionar la muerte al principio y final de la vida", ha advertido en declaraciones a Europa Press la presidenta de la Federación Española de Asociaciones Provida, Alicia Latorre.
Para la presidenta de la organización "no puede prosperar una tierra que cosifica al ser humano y no le otorga ni siquiera los derechos de un animal". "Es motivo de reflexión, de compromiso y de convencimiento profundo de que es urgente terminar con esta situación de injusticia, de devolver los derechos robados a tantos seres humanos y restaurar unas leyes donde la vida humana y su dignidad sean prioritarias", ha sentenciado.
Las interrupciones voluntarias de embarazo (IVE) aumentaron levemente en el año 2021 hasta las 90.189, mientras que en 2020 la cifra se situó en los 88.269 casos, situándose la tasa en los 10,70 por cada 1.000 mujeres entre 15 y 44 años, frente a los 10,33 del año anterior, según se desprende del Registro Estatal de Interrupciones Voluntarias del Embarazo publicado este martes por el Ministerio de Sanidad.
Por comunidades autónomas, Cataluña es la región con la tasa más elevada de interrupciones voluntarias de embarazo (13,42%), seguida de la Comunidad de Madrid (11,90%), Baleares (11,56%), Asturias (11,50%), Murcia (11,46%), Andalucía (11,18%) y Canarias (10,61%). Las regiones con menor tasa de IVE en 2021 fueron Ceuta y Melilla (1,79%), Galicia (5,37%), La Rioja (6,17%), Extremadura (7,10%), Castilla y León (7,17%), Navarra (8,39%), Cantabria (8,68%), Aragón (8,79%), Castilla-La Mancha (8,90%), Comunidad Valenciana (9,02%) y País Vasco (10,39%).
"Las cifras siempre hay que valorarlas cuantitativa y cualitativamente y situarlas en su contexto y no olvidar que cada vida eliminada es una tragedia, una pérdida irrecuperable que no se compensa ni sustituye por ninguna otra. Es importante resaltar esto porque corremos el peligro de quedarnos en la estadística", ha manifestado Latorre.
En este punto, ha asegurado que "es un secreto a voces" que no son todos los que están en las cifras oficiales, ya que muchos casos "no se comunican, otros no se contabilizan", por lo que ha afirmado que "son muchos más casos de los que se recogen".
Además, Latorre ha explicado que las cifras de 2020 fueron durante la pandemia, periodo en el cual "descendieron todos los delitos porque la gente estaba encerrada y disminuyeron también los abortos porque hubo menos embarazos". "Todo ello a pesar de que el aborto se consideró un servicio esencial y los centros de aborto estuvieron abiertos y subvencionados", ha precisado.
Respecto a la reforma que permite a las menores de 16 y 17 años abortar sin permiso paterno aprobada en el Congreso y que continuará su tramitación en el Senado, ha alertado de que "es lo más grave que está pasando en España, entre el cúmulo de barbaridades y ataques que por todos los frentes está recibiendo".
En sus palabras, el aborto "es el acto más cruel, inhumano y violento al que se condena a un inocente, con el agravante de que no sólo se mata su vida, sino que se quiere matar la conciencia social disfrazando de derecho un acto tan injusto y perverso".
En este sentido, la presidenta de la Federación Española de Asociaciones Provida ha señalado que "cada ampliación agrava la situación y convierte en cómplices a quienes la promocionan o consienten". "Están empleando su poder para destruir al ser humano, física y moralmente. Juegan con la mentira, ocultando el procedimento y sus consecuencias, pretenden prostituir la profesión médica y farmacéutica, abandonan aún más a la mujer, adolescente o mayor, con una ley que ni siquiera permite reflexionar y que condena a quienes ofrecen ayuda", ha dicho.
Por ello, Latorre ha reiterado su compromiso "de seguir mostrando la verdad, de desmontar la trama ideológico-económica de los sembradores de la muerte y de luchar por la defensa y valoración de toda vida humana, nacida y no nacida, especialmente en los momentos de mayor vulnerabilidad".
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