Siguen pasando las páginas de un libro que parece que nunca acabará. El contrato de televisión autonómica lleva en proceso más de un año y medio, y a día de hoy está lleno de vacíos y polémicas sobre su adjudicatura.
La pelota está en el tejado del nuevo consejero de hacienda, Luis Alberto Marín, siendo su primera gran actuación desde que entró al cargo. La Consejería sacó a concurso un nuevo contrato público por valor de 77,5 millones de euros, y por el cual, a día de hoy, existen cinco empresas en puja.
La valoración de este contrato para la televisión autonómica debe ser secreta
Las cinco ofertas de estas empresas fueron valoradas por un equipo de expertos, capacitados para puntuar cada una de ellas. En total son tres los expertos, y aquí es donde todo comienza a descuadrarse. Al parecer, uno de ellos puede haber encontrado una irregularidad en el proceso. Yendo un paso más allá y haciendo conocedor a los cinco aspirantes a quedarse con el contrato de la televisión autonómica.
La única manera que habría tenido de hacérselo llegar a todas las empresas interesadas es a través del registro público de la CARM. La Consejería de Hacienda no se ha pronunciado al respecto. Se espera que durante las próximas semanas puedan producirse las reuniones pertinentes para solventar un conflicto que podría declarar nulo todo el proceso.
Hace más de un año debía estar adjudicado el contrato
La pandemia también ha jugado su papel en todo este proceso, puesto que la fecha en la que terminaba el último contrato de televisión autonómica era el 30 de abril de 2020. El estado de alarma que vivíamos en ese momento, hizo que el gobierno regional aprobara un prórroga especial sobre ese contrato, por lo que Secuoya, productora actual de La7, sigue gestionando el canal.
El PSRM se pronunció hace unas semanas, exigiendo la comparecencia del consejero de Economía, Hacienda y Administración Digital. Una comparecencia para que explicara las cinco adjudicaciones por importe de 17,1 millones de euros, sin concurso y por el trámite de emergencia, y cuyo contrato no tenía opciones legales de prórroga.
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