Arroyo exige al Gobierno de España una "ayuda directa para el turismo y un fondo Covid" tras el "dedazo" a Vigo

La alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, ha criticado la actitud "sectaria y arbitraria" del Ejecutivo de Pedro Sánchez y le ha pedido "los mismos 2 millones de euros que ha concedido al alcalde socialista de Vigo para mejorar la competividad turística" por medio de un "dedazo".

"Con el dinero de todos le pagamos las luces de Navidad al alcalde de Vigo, cuando todos los municipios pasamos por dificultades presupuestarias provocadas por la pandemia", ha señalado Arroyo.

"Me alegro por Vigo y sus vecinos de que el Gobierno les haya concedido dos millones de euros a dedo", según la primera edil de Cartagena, quien ha ratificado que son "los mismos dos millones de euros que merecemos en Cartagena".

Por ello, ha exigido a Pedro Sánchez "que destine el mismo dinero a Cartagena, ciudad turística y que también atraviesa por las dificultades propias de casi dos años de pandemia".

Ha recordado que el Boletín Oficial del Estado (BOE) recogió este miércoles un decreto del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo para la concesión de una ayuda "directa, discrecional y arbitraria" al Ayuntamiento que dirige el socialista Abel Caballero por importe de 2 millones de euros, para mejorar su competitividad como destino turístico.

"En su concesión a dedo, al margen de cualquier convocatoria de concurrencia competitiva, el Ministerio reconoce que se adjudica a Vigo por sus propias particularidades y necesidades y que, por tanto, no se ha hecho extensible a otras ciudades", según el Ayuntamiento de Cartagena.

Arroyo ha señalado que el Gobierno del Estado apela al interés general y a las dificultades que atraviesa Vigo, pero el impacto negativo de la pandemia "es aplicable a cualquier ciudad de España como puede ser Cartagena, donde el turismo tiene un papel relevante".

Estas dificultades son la base del Ministerio para justificar el "carácter excepcional" que la Ley General de Subvenciones requiere para este tipo de adjudicaciones directas, que siempre han de cumplir "razones de interés público, social, económico o humanitaria u otras debidamente justificadas que dificulten su convocatoria pública".