La Comunidad firma el concierto social para atender a las familias en los Puntos de Encuentro Familiar de la Región

La Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social ha suscrito este martes un acuerdo de concierto social para la continuidad de los Puntos de Encuentro Familiar (PEF) en la Región de Murcia, cuyo objetivo es proteger a los menores en situación de riesgo o desamparo.

Este convenio, firmado con la asociación Mediacción, permitirá ampliar el servicio a 160 familias al mes --en la actualidad presta servicio a 97-- y mantener la atención a las 72 familias que utilizan los puntos de encuentro para víctimas de violencia de género, informaron fuentes de la Comunidad en una nota de prensa.

El acuerdo, cuya duración es de cuatro años prorrogables, cuenta con un presupuesto de 1,5 millones de euros y permitirá dotar a Comunidad de un servicio de puntos de encuentro familiar de carácter regional al ampliar las sedes, que ahora están en Murcia y Cartagena, a otros municipios como Totana. Además, se crearán dos sedes más y un punto de encuentro itinerante.

La vicepresidenta y consejera, Isabel Franco, ha puesto de manifiesto que "con el compromiso hoy adquirido se trata también de conseguir reducir la lista de espera, brindando la posibilidad de ampliar en futuros años el número de familias que reciben este importante servicio, así como crear nuevos PEF en los municipios de la Región".

El Punto de Encuentro Familiar es uno de los servicios dirigidos a la protección de menores en posible situación de riesgo, cuya finalidad es garantizar su derecho a mantener contacto con el padre y la madre en aquellos casos en que no convivan con alguno de ellos, por motivo de separación o divorcio entre éstos o por encontrarse separados de ambos por la aplicación de medidas de protección, así como orientar y apoyar a la familia para que se mantengan estas relaciones de forma autónoma en el plazo más breve posible.

MÁS DE 110 CASOS EN 2020

Los Servicios de Mediación Familiar dependientes de la Consejería de Política Social, gestionados a través de la Dirección General de Familias y Protección de Menores, atendieron 116 casos en el último año.

Según las características de cada caso de los que se presentan en el PEF, y en función del interés del niño, el servicio se limita a supervisar la ejecución de las visitas, evitando el desencadenamiento de conflictos entre las partes, o se plantea un proceso de intervención hacia el ejercicio autónomo de la coparentalidad, utilizando para ello técnicas de mediación.