La enmienda del PSOE para desalojos de 'okupas' coincide con un 2021 de cifras récord

Cataluña sumó el 42% de los hechos conocidos y 2022 invirtió la tendencia en el conjunto de España con una bajada del 4,38%

La enmienda que defiende el PSOE para agilizar desalojos de 'okupas' en 48 horas coincide con un año 2021 que marcó cifras récord al cerrar con una subida del 16,78 por ciento con respecto al año anterior, según la estadística del Ministerio del Interior consultada por Europa Press.

Cataluña lideraba en 2021 los hechos conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad al contabilizar el 42,5 por ciento de los 17.274 casos registrados en toda España. Fuentes policiales subrayan que la gran mayoría de las 'okupaciones' guardan relación con la usurpación de viviendas vacías o pertenecientes a bancos, y no con allanamiento de la residencia habitual.

El PSOE ha registrado enmiendas contra la 'okupación', más coincidentes con iniciativas presentadas en los últimos meses por el PP o el PDeCAT, al margen de las propuestas que había pactado con Unidas Podemos.

En concreto, el PSOE propone dos modificaciones legislativas para agilizar los desalojos de inmuebles ocupados ilegalmente: que los jueces puedan ordenar la salida de los 'okupas' en 48 horas y que los jurados populares dejen de encargase de los casos de allanamiento de morada.

A este respecto, el portavoz socialista en el Congreso, Patxi López, ha querido dejar claro que "no tiene nada que ver con los desahucios" y que solo afecta a los "allanamientos y la ocupación ilegal de inmuebles", según ha sostenido. Su propuesta es que el juez pida a los 'okupas' un título de propiedad o un documento que les vincule con el inmueble y, si no lo presentan, podrá ordenar su desalojo.

ESTADÍSTICA DE 'OKUPACIONES'

Los datos del Sistema Estadístico de Criminalidad del Ministerio del Interior sobre el número de hechos conocidos de delitos de 'okupación' de inmuebles no distingue entre allanamiento y usurpación, algo que se dirime a posteriori en instancia judicial.

Las 7.345 'okupaciones' de Cataluña en 2021 casi triplican el dato de Andalucía, la segunda comunidad autónoma con más casos con 2.557. A continuación, las regiones con peores cifras fueron la Comunitat Valencia (1.779) y la Comunidad de Madrid (1.660), aunque a mucha distancia de la primera de ellas.

En el conjunto de España, la tendencia fue alcista desde los 10.619 hechos conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad registrados en 2017. Los casos han ido en aumento con 12.214 'okupaciones' en 2018; 14.621 en 2019 y 14.792 en 2020.

Sin embargo, el primer cuatrimestre de 2022 reflejaba ya una tendencia a la baja del 4,38 por ciento si se compara con los mismos meses de 2021. Las citadas fuentes policiales apuntan que esta bajada se consolida conforme avanza el presente año.

Cataluña marcaba un descenso del 3,71 por ciento entre enero y abril de 2022, aún muy lejos de otras regiones con cifras similares de población: Andalucía contabilizaba -11,60% y la Comunidad de Madrid -14,33%. La Comunitat Valencia, sin embargo, incrementaba las 'okupaciones' un 25,26 por ciento.

INSTRUCCIONES EN 2020 ANTE LA ALARMA SOCIAL

En septiembre de 2020, después de un verano con informaciones que causaron alarma social, la Fiscalía General del Estado y el Ministerio del Interior dictaron sendas instrucciones para hacer frente tanto al allanamiento de morada como a las usurpaciones de viviendas.

El departamento dirigido por Fernando Grande-Marlaska reconoció entonces --hace dos años-- la "confusión y alarma social", y lo relacionó con las diferencias entre allanamiento de morada y la usurpación: en los primeros casos se contempla que las Fuerzas de Seguridad desalojen tanto en primeras como en segundas viviendas "sin necesidad de solicitar medidas judiciales, en caso de delito flagrante, directamente y de forma inmediata", incluyendo la "identificación de los ocupantes y su detención si procede".

La nueva instrucción ordenaba que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado elaboraran atestados más precisos que permitan el desalojo inmediato y la detención sin necesidad de solicitar medidas judiciales en caso de delito flagrante. En adelante, según explicó Interior, había que dejar constancia de puertas y ventanas forzadas, coacciones al propietario y vecinos o sobre el consumo irregular de luz y agua.