El estado de alarma prevé limitar la circulación de personas

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado la aplicación a partir de hoy del ‘estado de alarma’ en España por la crisis del coronavirus.

Esta medida está recogida en el artículo 116 de la Constitución española y se desarrolla en la Ley Orgánica 4/1981 de Estado de Alarma, Excepción y Sitio. Se prevé su declaración ante, entre otras circunstancias “crisis sanitarias, tales como epidemias y situaciones de contaminación graves”.

Entre las potestades que otorga el Gobierno, está la de limitar la circulación de personas o intervenir fábricas, requisar bienes, imponer prestaciones personales obligatorias o sanciones para su cumplimiento.

Según la Carta Magna, la declaración de un estado de alarma se produce por el Gobierno mediante un decreto acordado en Consejo de Ministros. En este se determina el ámbito territorial al que se extienden los efectos de la citada declaración. En ese caso, el presidente ha anunciado que afectará a toda España.

El plazo máximo será de 15 días y se debe dar cuenta al Congreso de los Diputados reunido inmediatamente al efecto y sin cuya autorización no podrá ser prorrogado dicho plazo. En la Ley Orgánica se precisa, además, que el Parlamento podrá establecer el alcance y las condiciones vigentes durante la prórroga.

Y también establece que la declaración debe ser difundida de manera obligatoria por todos los medios de comunicación públicos y por los privados que se determinen. Entrará en vigor desde el mismo instante desde su publicación en el BOE.

El Estado de alarma

La regularidad del estado de alarma está recogida en los primero 12 artículos de la Ley 4/1981 de los Estados de Alarma, Excepción y Sitio. Según esta norma, se procederá a declarar el mencionado estado cuando las circunstancias extraordinarias hiciese imposible el mantenimiento de la normalidad. Todo mediante los poderes ordinariez de las Autoridades competentes.

Tanto las medidas como la duración deben ser la “estrictamente indispensables” para asegurar el restablecimiento de la normalidad y su aplicación se hará de forma proporcionada a las circunstancias. Además, no interrumpe el normal funcionamiento de los poderes constitucionales del Estado.

La Ley prevé la declaración del estado de alarma en cuatro tipos de situaciones que supongan alteraciones graves de la normalidad. Una de ellas es ante crisis sanitarias, tales como epidemias y situaciones de contaminación graves.

Las otras tres situaciones en que el Ejecutivo lo puede aprobar es ante: catástrofes, calamidades o desgracias como terremotos, inundaciones, incendios o accidentes de gran magnitud. También paralización de servicios públicos esenciales para la comunidad o situaciones de desabastecimiento de productos de primera necesidad.

Consecuencias que puede acarrear: intervenir fábricas o requisar bienes

Tanto el decreto para declarar el estado de alarma, como los sucesivos que se dicten durante su vigencia, permiten: limitar la circulación de las personas y los vehículos. Practicar requisas temporales de todo tipo de bienes e imponer prestaciones personales obligatorias.

El Gobierno también podría intervenir y ocupar transitoriamente industrias, fábricas, talleres, explotaciones o locales de cualquier naturaleza, con excepción de domicilios privados. Todo dando cuenta de ellos a los Ministerios interesados, así como limitar o racionar el uso de servicios o el consumo de artículos de primera necesidad.

Además, podrán impartir las órdenes necesarias para asegurar el abastecimiento de los mercados y el funcionamiento de los servicios. También de los centros de producción afectados por las situaciones de desabastecimiento de productos de primera necesidad.  En este último caso, el Ejecutivo incluso podría acordar la intervención de empresas o servicios, así como la movilización de su personal, con el fin de asegurar su funcionamiento.

Las sanciones

El artículo 10 de la Ley contempla que el incumplimiento o la resistencia a las órdenes de la Autoridad competente en el estado de alarma será sancionado con arreglo a lo dispuesto en las leyes.

La Ley no establece específicamente cuáles serían las sanciones. Los expertos consultados por Europa Press precisan que el decreto que declara la situación de alarma deben recoger cuáles son las mismas.

Si la desobediencia fuera cometida por funcionarios, las autoridades podrán suspenderlos de inmediato en el ejercicio de sus argos. Pasando al tanto de culpa al juez, y se notificará al superior jerárquico, a los efectos del oportuno expediente disciplinario.

Y si el incumplimiento corresponde a autoridades, las facultades de éstas podrán ser asumidas por autoridad competente mediante la vigencia de la declaración de alarma.