Derechos Sociales espera acordar el lunes con las CCAA el nuevo modelo de residencias tras el rechazo inicial

Asegura que la financiación "no es excusa" para avanzar: "Hay dinero"

El Ministerio de Derechos Sociales y para la Agenda 2030 intentará de nuevo acordar con las CC.AA este lunes 27 de junio el nuevo modelo de residencias en la reunión del Consejo Territorial de Servicios Sociales, después de que su primera propuesta fuera rechazada por varias comunidades autónomas, Murcia entre elas.

Así lo avanzó el pasado jueves el secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez, que cree que las comunidades autónomas "van a estar a la altura" y votarán a favor del nuevo documento.

El ministerio llevó el pasado 25 de mayo el documento al Consejo Territorial pero no consiguió cerrar un acuerdo con las comunidades autónomas para su aprobación. Entre las regiones que mostraron su rechazo se encontraban la Comunidad de Madrid, Galicia, Andalucía, Murcia, la ciudad autónoma de Ceuta (presididas por el PP), Castilla-La Mancha, Extremadura (presididas por el PSOE), País Vasco y Cataluña. Por su parte, Castilla y León y Asturias mostraron su intención de abstenerse; y Navarra, Baleares, Aragón, Comunidad Valenciana, Canarias, La Rioja, Cantabria y Melilla se han mostrado a favor.

Según ha explicado Álvarez este jueves, el texto que se votará la próxima semana está "en buena medida modificado" tras los meses de negociación que, según ha indicado, se han producido con las CCAA, expertos, usuarios y familias, así como sindicatos, servicios sociales y organizaciones empresariales.

Además, ha respondido a quienes aseguran que la financiación del Estado no es suficiente para poner en marcha el nuevo modelo de residencias de mayores que este tema "no es excusa" porque "hay dinero".

Así, ha recordado que el Gobierno, en los dos últimos años, ha duplicado la cuantía para el sistema de dependencia y ha añadido 5.000 millones de euros adicionales en esta materia para el final de esta legislatura.

Álvarez ha hecho estas declaraciones tras la reunión que ha mantenido este jueves con Joseba Zalakain, director del Centro de Documentación y Estudios de la Fundación Eguía Careaga; Dolors Comas, catedrática de antropología social de la Universidad Rovira i Virgili de Tarragona; Alfonso Lara, director de la European Social Network; Adelina Comas, investigadora en política de cuidados de London School of Economics; y Juan Vela, presidente del grupo social Lares.

En el encuentro, también han participado Mayte Sancho, experta en atención a personas mayores; Gerardo Amanarriz, director de Fundación Matia; Pilar Rodríguez, presidenta de la Fundación Pilares; y José Augusto García y Lourdes Bermejo, presidente y vicepresidenta de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología.

Álvarez ha apuntado que el Gobierno "cuenta con la suficiente evidencia empírica de los expertos" sobre el nuevo modelo de residencias que busca poner en marcha.

El presidente de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología, José Augusto García, ha explicado que, las experiencias analizadas en otros países, determinan que hay mayores efectos secundarios para los usuarios cuando hay un menor tratamiento especializado y sin unidades de convivencia pequeñas.

"Creo que la evidencia es clara y existe desde hace décadas, no nos estamos inventando nada", ha advertido la experta Mayte Sancho, quien ha recordado que se "hace poco" por que los mayores vivan en entornos domésticos. A su juicio, la instituciones actuales "no son lugar para vivir y morir".

INMOVILISMO DE LAS ORGANIZACIONES EMPRESARIALES

En su intervención ante los medios, ha explicado que el Ejecutivo ha dado "los primeros pasos" para cambiar "la tendencia de recortes" que, en materia de dependencia, se estaban produciendo, según ha señalado, "durante la década anterior". "El Gobierno ha cumplido la tarea de poner una nueva financiación", ha insistido.

Del mismo modo, y frente a las críticas que califican de insuficiente esta financiación, Álvarez ha calificado de "incomprensible" la posición de algunas organizaciones empresariales del sector, a las que también ha acusado de "inmovilismo".

A su juicio, el Gobierno "tiene la obligación de ir más allá de los intereses particulares de algunos grupos empresariales y garantizar los derechos del conjunto de los ciudadanos y, más concretamente, se las personas mayores". "La financiación ya ha ido por delante, ahora toca seguir con ese trabajo y cambiar el modelo", ha declarado.