La Región pide en el Congreso Nacional de Medio Ambiente la simplificación de normas en gestión del agua

Considera que existe suficiente normativa regulatoria de la materia "cuyo problema es en realidad que se aplica deficientemente o no se aplica"

La jornada del Congreso Nacional del Agua de Madrid (Conama) de este jueves, dedicada a las políticas y planificación en materia de agua, ha contado con la participación del director general del Agua, José Sandoval, que ha pedido la simplificación de normas y procedimientos en materia de gestión del agua y agregó que "se trata de un asunto que ocupa un lugar central en las preocupaciones del Gobierno regional".

En concreto, Sandoval ha participado en una mesa en la que se abordó la transformación de la normativa de aguas y las futuras reformas de la Ley de Aguas y del Reglamento del Dominio Público Hidráulico previstas por el Gobierno central, según informaron fuentes del Gobierno regional en un comunicado.

Sobre la reforma de la Ley de Aguas, Sandoval ha señalado que "aún no se conoce el texto, por lo que no es posible pronunciarse con el necesario fundamento, pero cabe señalar que la reforma se hace por un compromiso adquirido por el Gobierno ante la Unión Europea con motivo del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia; que los aspectos comprometidos son la modificación del canon de control de vertidos de aguas residuales y la modificación del sistema de recuperación de los costes de las infraestructuras hídricas; y otros de los que el Gobierno aprovechará para abordar".

Sandoval ha considerado que se debe avanzar para lograr que "al contrario de lo experimentado en los últimos años, se procure la simplificación de normas y procedimientos, reduciéndolos a los mínimos necesarios. Es decir, no producir nuevas normas sino simplificar las existentes; y prestar mayor atención al cumplimiento de lo ya vigente antes que a su reforma. En general existe suficiente normativa regulatoria cuyo problema es que se aplica deficientemente o no se aplica".

Un buen ejemplo, por actual, es el de la ordenación de acuíferos en riesgo de no alcanzar el buen estado, con un procedimiento básicamente fijado desde la ley de 1985, "pero que sigue sin aplicarse eficazmente como lo acreditan retrasos de años para formar las comunidades de usuarios, que debieran estar en seis meses tras la declaración; el caso del Campo de Cartagena o triásico de Los Victorias, que se declaró de urgencia y ahí acabó todo; o la manifiesta ineficacia de funcionamiento en los acuíferos que están a caballo entre el Altiplano, Segura y Júcar, con trámites que se prolongan durante años".

Sandoval ha manifestado que "antes de embarcarse en nuevas aventuras es necesario saber a dónde se quiere llegar y tener claro el marco general de referencia. Muchas reformas recientes parecen venir dadas por circunstancias coyunturales aisladas, incluso contradictorias, de forma que ese marco general queda desdibujado".

Además, "la normativa presenta una creciente complejidad, debida tanto a la incorporación de modificaciones de Directivas Europeas como a cambios y adaptaciones en los criterios en España, que también da lugar a contradicciones, como el hecho de la introducción en la reciente Ley de Cambio Climático y Transición Ecológica de preceptos que no son compatibles con la propia Ley de Aguas".

"Otros rasgos destacables son la inestabilidad, pues se producen cambios normativos a gran velocidad, que da lugar a una creciente inseguridad jurídica; o una hiperactividad normativa de dudosa eficacia real", ha precisado el director general del Agua.

También ha apuntado al hecho de que "se va a aprobar un elevado número de nuevos reglamentos, los Planes Hidrológicos de las demarcaciones que, a todo lo apuntado, pueden añadir diferencias territoriales con distintos tratamientos y criterios diferentes para un mismo problema dependiendo de la demarcación".

"La generalización de los procedimientos de urgencia, reduciendo o eliminando controles parlamentarios, o la banalización de los procesos de consulta pública, convertidos de hecho en meros trámites formales, son otros rasgos señalados como indeseados". Como también "la dificultad o ausencia de mecanismos de verificación e incumplimiento normativo, que conducen a la judicialización de la vida administrativa en el campo del agua, o el deficiente funcionamiento de los mecanismos de cooperación interadministrativa del Estado con las comunidades autónomas, de los que encontramos un buen ejemplo en el caso del Campo de Cartagena y Mar Menor".

Ha concluido el director general recordando que el agua "es un recurso de gestión compleja, que viene dificultada aún más debido al cambio climático, al incremento de la población y a las cada vez mayores exigencias medioambientales sobre el buen estado de las masas de agua".