Somos Región denuncia denuncia el cierre del centro de visitantes de la Cueva del Puerto

Somos Región denuncia ante los integrantes del Consorcio Turístico del Desfiladero de Almadenes, el cierre del centro de visitantes de la Cueva del Puerto, recurso turístico que, en diciembre de 2014, definían Joaquín Bascuñana (Delegado del Gobierno en Murcia), José Vélez (Alcalde de Calasparra) y Antonio Tamayo (Alcalde de Cieza) como “una maravilla natural que ningún murciano debe perderse”.

Desde su inauguración nunca se han ultimado las actuaciones para la puesta en marcha de esta nueva infraestructura, por lo que las manifestaciones de los representantes del PP y del PSOE de la Región de Murcia quedaron en una mera declaración de intenciones que, después de ocho años, han concluido en el cierre absoluto de las instalaciones.

Añadían que la Cueva del Puerto estaba llamada a convertirse “en uno de los mayores atractivos turísticos de la Región” tanto por su riqueza como por su belleza natural. Sin duda que se trata de un recurso turístico de incalculable valor para la Región de Murcia que merecía una inversión de más de 1.800.000 euros financiada a partes iguales por el Gobierno de España, la Comunidad Autónoma y los Ayuntamientos de Cieza y Calasparra. Pero también exige la responsabilidad de representantes políticos que no han sido capaces de adoptar las medidas necesarias para rentabilizar la inversión y el esfuerzo que todos los murcianos han realizado.

Por todo ello, desde Somos Región, conscientes de que la puesta en el mercado de un recurso turístico de calidad que sea capaz de competir con otros destinos ya consolidados (como pueda ser la Cueva de Nerja) es una tarea compleja, exige a las instituciones que integran el Consorcio Turístico que realicen las actuaciones de dinamización, diversificación, sensibilización, implicación, y sensibilización, a las que se comprometieron desde su constitución. Asimismo, solicita que informen a los contribuyentes del coste definitivo de una infraestructura que fue presupuestada en algo más de 620.000 euros, dentro de las obligaciones de transparencia asumidas por las instituciones.