Terra Fecundis recurrirá la sentencia francesa que les condena por impago de cotizaciones laborales en el país galo

La empresa murciana de trabajo temporal Terra Fecundis ha anunciado este jueves que va a recurrir la sentencia de los tribunales franceses, hecha pública este mismo día, por el supuesto impago de cotizaciones laborales en las arcas del país galo.

En un comunicado, la empresa ha lamentado que Francia no haya reconocido los certificados A1 de desplazamiento de trabajadores emitidos por la Seguridad Social española y "amparados por el derecho comunitario", por lo que recurrirán amparándose "en el desplazamiento legal de trabajadores, ya que estos importes se abonaron en España".

A juicio de Terra Fecundis, esta sentencia obedecería a "una demostración de fuerza de Francia sobre España". Critican que por una parte prediquen "el estrechamiento de los lazos económicos con sus socios europeos en el marco de los ideales comunitarios y en pos del desarrollo; y, al mismo tiempo, rechazan la aplicación del derecho comunitario".

Una situación que desde la empresa murciana ven como un claro ejemplo de las prácticas francesas para disuadir a las sociedades de otros países de la UE de que ejerzan parte de su actividad en territorio galo.

"Nosotros hemos sido la primera empresa española en ser juzgados porque fuimos pioneros, pero Francia ya lo ha hecho antes con las de otros países comunitarios, como Bélgica, y otras que han llegado después ya lo empiezan a sufrir. Incluso algunas han tomado la decisión de marcharse y no trabajar en suelo galo", han advertido.

La empresa murciana está firmemente decidida a que se reconozcan sus derechos, a través de la aplicación de una legislación europea que "Francia cuestiona sistemáticamente, sin dudar en incitar a la desobediencia a los derechos nacionales contrarios a sus intereses".

"Va a ser una batalla legal larga, pero estamos convencidos de que al final la ganaremos", han subrayado desde Terra Fecundis, que ha adelantado que defenderá su honor y la legalidad de su empresa, demostrando que ningún país puede cuestionar las leyes y la soberanía de España, ni estar por encima de la legislación europea.

Tras el veredicto emitido este jueves, la empresa murciana recuerda que siempre ha cumplido con la normativas española, francesa y europea.

Una sentencia que rebaja considerablemente las peticiones iniciales de la administración gala, que pretendía la disolución de la sociedad y sancionarla con 115 millones de euros incluidos los recargos, y que para los socios fundadores pedía una pena de 21 años de prisión.

Finalmente, estas pretensiones han quedado reducidas a una inhabilitación de la sociedad en el país galo que queda suspendida hasta que haya sentencia firme (por lo que siguen trabajando en el país galo) y una sanción de 500.000 euros a la empresa, y para los socios 4 años de prisión (sin privación de libertad) y una multa de 100.000 euros.