La Comunidad inspeccionará unas 360 explotaciones ganaderas en el entorno del Mar Menor

El Gobierno de la Región de Murcia llevará a cabo este año unas 360 inspecciones a explotaciones ganaderas ubicadas en el entorno del Mar Menor, con el fin de garantizar el cumplimiento de la ley 3/2020, de 27 de julio, de recuperación y protección de la laguna salada.

En concreto, serán objeto de inspección las explotaciones ubicadas en la Zona 1 y 2 según la Ley, lo que afecta a los términos municipales de San Pedro del Pinatar, San Javier, Los Alcázares, Torre Pacheco, Fuente Álamo, Cartagena, La Unión, Murcia, Alhama de Murcia y Mazarrón.

Estas labores se enmarcan en el Plan de Inspección de Explotaciones Ganaderas para el bienio 2022-2023, cuya aprobación recoge este martes el Boletín Oficial de la Región de Murcia (BORM).

El Plan, adscrito a la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, establece las funciones de los inspectores, el organigrama, el procedimiento, los criterios llevados a cabo para la selección de las explotaciones ganaderas objeto de análisis y el número de actuaciones desglosado por municipios.

Entre las funciones de los inspectores se encuentran velar por el cumplimiento de la normativa, incluida la legislación sectorial ganadera de cada una de las especies en materia de almacenamiento y gestión de purines y estiércoles, así como identificar y reflejar irregularidades "a todos los niveles" en el marco de la inspección.

Además, las tareas se centrarán de modo específico en comprobar el cumplimiento de las características de impermeabilización de los sistemas de almacenamiento exteriores, y de la edificación y los elementos asociados a los sistemas de almacenamiento reflejados en el Código de Buenas Prácticas de la Región de Murcia.

Comprobar la gestión de estiércoles y su entrega a un gestor autorizado, y la comunicación y validación de movimientos a través del Registro Electrónico de Movimientos de Deyecciones Ganaderas (REMODEGA) son otros de los objetivos de las labores de inspección.

Como también lo son investigar accidentes o incidentes provocados por las explotaciones ganaderas que afecten al medio ambiente o al Mar Menor y proponer sanciones en los casos de incumplimiento de los textos normativos.

Según el organigrama, corresponde a la Subdirección General de Ganadería, Pesca y Acuicultura el diseño del protocolo y la selección de las explotaciones que serán objeto de inspección, en base a determinados criterios derivados de un análisis de riesgos, en función de las irregularidades detectadas y comprobación de la documentación derivada de autorizaciones ambientales exigible.

Por su parte, personal técnico de la citada Subdirección General, conjuntamente con los técnicos de apoyo, comprobaran la documentación ambiental para el cumplimiento de los artículos del 56 a 58 de la Ley 3/2020.

Los inspectores veterinarios de las Oficinas Comarcales Agrarias (OCA) realizarán las inspecciones sobre el terreno. De estas se levantaran las correspondientes actas de inspección, que serán remitidas a Servicios Centrales para su evaluación y, en su caso, propuestas para incoación de expediente sancionador.

FASES DE LA INSPECCIÓN

La inspección se desarrollara en tres fases. La primera (trabajo de gabinete) consiste en que, una vez seleccionada la explotación ganadera, se analizará la documentación técnica y administrativa obrante en las bases de datos de la Dirección General de Ganadería, Pesca y Acuicultura, así como aquella que faciliten los titulares de la instalación.

En la segunda etapa (fase de inspección), el inspector procederá a visitar la explotación para comprobar el grado de cumplimiento de la Ley 3/2020, de 27 de julio.

La última etapa consiste en el análisis de los datos recogidos en el acta de inspección y las valoraciones de los hechos durante la visita a las explotaciones ganaderas, por parte de los técnicos de la Subdirección General de Ganadería, Pesca y Acuicultura, quienes, en caso de incumplimiento de la normativa vigente, propondrán el inicio del procedimiento sancionador.

Según la Orden que regula el Plan, este 2022 se priorizarán las inspecciones de las explotaciones porcinas, teniendo en cuenta su mayor impacto y trascendencia dentro de la protección integral del Mar Menor. En años sucesivos, el orden de prelación será, en primer lugar, las explotaciones porcinas, seguidas de las avícolas, las bovinas y el resto.