Prevé establecer una sanción en caso de que las empresas trasladen el impuesto a los clientes del 150% del importe repercutido

El Gobierno ha propuesto gravar temporalmente con un tipo del 4,8% los intereses y las comisiones netas de las entidades financieras con ingresos superiores a los 800 millones de euros, y con un tipo del 1,2% las ventas totales de las energéticas que facturen más de 1.000 millones de euros al año, así como una sanción para aquellas compañías que trasladen el impuesto a los usuarios.

Así se recoge en las proposiciones de ley que el Ejecutivo ha presentado este jueves en el Congreso, dando inicio a la tramitación parlamentaria de los nuevos impuestos, temporales y extraordinarios, para las grandes entidades financieras y las grandes empresas energéticas, tanto eléctricas como gasistas y petroleras.

El nuevo gravamen al sector energético estará en vigor durante 2023 y 2024 y buscará recaudar 2.000 millones de euros al año de los beneficios extraordinarios de estas empresas en 2022 y 2023.

De su lado, el impuesto "excepcional y temporal" dirigido a "las grandes entidades financieras que ya han empezado a beneficiarse de la subida de tipos de interés", según ha argumentado el Gobierno, tendrá una duración de dos años --sobre los ejercicios 2022 y 2023-- y buscará recaudar 1.500 mil millones cada año.

Sobre la posibilidad de que las empresas trasladen el coste del impuesto a los clientes, el Gobierno ha establecido en la proposición una sanción del 150% del importe que se traslade al usuario. La Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) sería el órgano encargado de velar de que no se repercuta el gravamen sobre los clientes en el caso de las energéticas; para los bancos, la CNMC deberá colaborar con el Banco de España.

Por otro lado, el Gobierno no contabilizará los resultados ni la facturación de las filiales de las empresas en el exterior, al tiempo que ha establecido que el gasto en este impuesto no es deducible a efectos del impuesto de Sociedades. Además, en el caso de las energéticas, cuando el negocio energético no alcance el 50% de la facturación, el Ejecutivo prevé que se excluya al grupo económico del pago de la prestación patrimonial.

Santander avisa de que este impuesto restará al sector capacidad para prestar 50.000 millones

El consejero delegado de Santander, José Antonio Álvarez, ha lamentado que el impuesto a la banca que el Gobierno registrará este jueves en el Congreso "estigmatiza al sector" y ha avisado de que, independientemente a quién afecte, la inflación no se combate con impuestos.

Así lo ha señalado durante la presentación de resultados del segundo trimestre del año a los medios de comunicación, antes de conocer los detalles del impuesto, donde ha calculado que, cumplir con el objetivo de recaudación de 3.000 millones de euros en dos años que pretende el Gobierno, restará al sector capacidad para prestar alrededor de 50.000 millones de euros.

Según ha explicado, con 3.000 millones de euros el sector bancario puede prestar 50.000 millones de euros a la economía. "Es una cuenta. Ese capital resta capacidad para prestar por un importe de 50.000 millones de euros. Las dinámicas del mercado serán las que tengan que ser", ha apuntado Álvarez, para avisar de que los primeros que podrían sufrir por el impuesto son los accionistas, pero también la economía en general.

Durante su intervención, el consejero delegado ha recordado que la situación económica actual es compleja, pues tras la pandemia del Covid-19 se han producido dificultades en las cadenas de suministro y una guerra entre Ucrania y Rusia que han provocado un episodio inflacionista más persistente y acusado de lo que inicialmente se esperaba.

"Esta es la situación y, en general, nos proponen en España, como una de las opciones, un impuesto. La verdad es que, desde el punto de vista general, e independientemente de a quién afecte el impuesto, difícilmente se combate con impuestos", ha recalcado Álvarez.