El 55% de las empresas murcianas ha aceptado plazos de pago más largos para evitar la quiebra de sus clientes

Los clientes del sector público son los que más tardan en pagar en Murcia, con una demora en el abono de facturas de 17 días de media

El 55% de las compañías murcianas reconoce haber cedido a la petición de sus clientes de ampliar los plazos de pago para evitar que quiebren, una tasa superior a la de la media nacional (51%). En 2021, esta cifra porcentual era notablemente inferior en España, situándose en el 36%, lo que supone un aumento de 15 puntos, según los datos obtenidos por Intrum en su Informe Europeo de Pagos 2022.

El estudio refleja que el entramado empresarial murciano está "expectante" ante la incertidumbre económica y muchas compañías ya están viendo cómo la escalada de la inflación, el crecimiento de los tipos de interés o los problemas en la cadena de suministro están repercutiendo en su balance económico, poniendo en riesgo su rentabilidad, liquidez y supervivencia.

Una situación que, entre otras consecuencias, está provocando que la brecha entre las fechas de pago fijadas con los clientes y su duración real sea cada vez mayor en la comunidad, según informaron fuentes de Trescom en un comunicado.

Junto a la dificultad financiera de muchas organizaciones para hacer frente a las deudas pendientes, muchas empresas se ven forzadas a aceptar plazos de pago más largos en el abono de facturas pendientes por miedo a perder a sus clientes, lo que está provocando un aumento en el retraso de los pagos del sector empresarial.

El segundo motivo más mencionado de autorizar revisiones en las condiciones de pago es el miedo a dañar la relación con los clientes. Tal y como se desprende del estudio de la firma especializada en servicios de gestión de crédito y activos, el 45% de las compañías de Murcia indica haber extendido alguna vez la fecha de abono de facturas de sus clientes por esta razón.

A nivel nacional, este dato es del 50%, situando a España dos puntos por debajo de la media europea, con un 52%. En Europa, las compañías que más se han visto obligadas a aumentar los plazos de pago para no dañar la relación con sus clientes son las serbias, con un 63%, seguidas muy de cerca de las organizaciones de Lituania (62%), Irlanda (61%) y Letonia 60%. Por su parte, las que menos ceden en este sentido son las empresas de Suecia (42%), Rumanía (45%) y Dinamarca (46%).

Esta mayor flexibilidad a la hora de ampliar las fechas en el abono de facturas estaría empeorando la situación financiera de las empresas, ya de por sí más vulnerables por la incertidumbre económica actual.

Según el Informe Europeo de Pagos, el 56% de las organizaciones murcianas indica que las condiciones de pago que actualmente ofrecen a sus clientes son demasiado generosas y están afectando a su negocio de forma negativa. Por su parte, la media española es del 48%, un porcentaje 5 puntos superior al de 2021, cuando el 43% de las empresas hacía esta afirmación.

LOS CLIENTES PERTENECIENTES AL SECTOR PÚBLICO PAGAN 17 DÍAS TARDE

A la hora de analizar en la Región de Murcia los días de diferencia entre la fecha inicial de pago y el momento real de abono de la factura, en el segmento empresarial (B2B) los clientes tardan en pagar una media de 13 días. En el sector público, 17 días, y, en el ámbito B2C, 7 días.

En cuanto a España, se percibe un incremento generalizado en el segmento empresarial (B2B): las cifras muestran que, en 2022, las empresas posponen esta operación una media de 16 días, frente a los 12 días de retraso registrados en 2021.

Muy por encima estarían, sin embargo, las del sector público, con una demora en los pagos de 22 días de media, frente a los 11 obtenidos en el estudio de hace un año.

El único sector que ha mejorado a nivel nacional el tiempo de pago es el de los consumidores (B2C), que ha conseguido reducir esta brecha un día respecto a 2021, tardando una media de 9 días en desembolsar el pago desde la fecha inicial de abono.

Con el fin de dinamizar los pagos entre empresas y favorecer el crecimiento económico de las compañías españolas, recientemente se ha aprobado la denominada 'Ley Crea y Crece'.

Esta nueva norma contempla, entre otros aspectos, extender la obligación de expedir y remitir factura electrónica en todas las relaciones comerciales, el establecimiento de medidas sancionadoras para aquellas empresas que no cumplan los plazos de pago establecidos en la Ley de Morosidad, o la creación de un Observatorio de Morosidad Nacional, que tendrá la misión de realizar un seguimiento y análisis de la evolución de los plazos de pago y que promoverá buenas prácticas.