Críticas a las farmacias de la Región por realizar los test de antígenos en sus locales

Galicia y Murcia están alentando a la realización de test en las propias oficinas farmacias y poniendo por tanto en serio riesgo la salud del resto de los clientes de la farmacia. Desde el Consejo General de Enfermería han manifestado su malestar, al mismo tiempo piden al gobierno que regule el precio de dichos test.

Destacan que en la Región de Murcia se permitirán que las farmacias puedan comunicar los positivos, lo que supondría una vulneración de la Ley. En su opinión solo los profesionales sanitarios tienen autorización legal para recoger información y datos clínicos. Acceder a la historia clínica de los pacientes es potestad única de los médicos y las enfermeras.

Realizar los test en farmacias podrían poner en peligro la salud y la seguridad de habituales clientes vulnerables de las farmacias

En concreto son dos Comunidades Autónomas las que realizan estas prácticas, concretamente Galicia y Murcia, las que han decidido ir más allá de lo regulado por el Gobierno. Ambos gobiernos regionales están permitiendo que los farmacéuticos realicen dichos test en sus establecimientos comerciales y recojan datos del paciente y acrediten los resultados a la sanidad pública.

Su queja se basa en que las farmacias son comercios con un flujo importante de clientes que acuden a comprar todo tipo de productos: medicamentos, cosmética, productos de belleza, etc.; y que la principal vía de contagio del COVID-19 es a través de los aerosoles. Por ello, recuerdan desde el consejo que la realización de test de antígenos a personas sospechosas de estar infectadas requiere una serie de circuitos y medidas de seguridad para garantizar la salud del resto de los clientes de las farmacias, medidas que no cumplen todas las farmacias.

Las farmacias murcianas dan un paso más

También se lamentan que la Consejería de Salud haya anunciado que va a ir aún más

allá, habilitado que las farmacias reporten los casos positivos al Servicio Murciano de Salud (SMS). Ese hecho podría suponer una vulneración de la privacidad de la historia clínica del paciente y todos los datos que esta contempla.

Como se mencionaba arriba, los únicos profesionales sanitarios con autorización legal para recoger información y datos clínicos y acceder a la historia clínica de los pacientes en la sanidad pública son los médicos y los enfermeros.  Denuncian que habilitar a los farmacéuticos para dicho acceso sería ilegal, un riesgo claro para la seguridad jurídica de los datos de los pacientes y una privatización de un servicio público innecesaria.