El consejero de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, Antonio Luengo, ha criticado al Ministerio para la Transición Ecológica por aplicar datos "incorrectos, desactualizados y sin contexto para tratar de cambiar las reglas que rigen el trasvase". Así lo ha expuesto durante su comparecencia en el Pleno de la Asamblea Regional.
El consejero ha recordado que la revisión se realiza "sin la existencia del borrador de un nuevo plan hidrológico". Según ha manifestado, desde la Región, Andalucía y la Comunidad Valenciana han pedido que "se deje en suspenso esa modificación, no hay razón de urgencia para la modificación prevista". Ha reclamado, por tanto, "que el agua sea una cuestión de Estado y que se regule mediante un Plan Hidrológico Nacional".
Durante su intervención, ha señalado que el nuevo Plan Hidrológico del Tajo contendrá determinaciones que pueden "afectar a cuestiones de interés general que están regidas por leyes que el plan no puede modificar". A su juicio, es necesario un "proceso técnico jurídico que evite y minimice las discrepancias" que puedan surgir.
Además de eso, ha hecho alusión al régimen de caudales ecológicos planteado. Según ha dicho, si se plantea aumentar volumen de agua por Aranjuez esto conllevaría la "reducción directa de disponibilidad trasvasable". De acuerdo a los primeros tanteos, ha dicho, el impacto del régimen de caudales sería una reducción de 130 hectómetros cúbicos al año.
"Esto supondría estrangular el uso de regadío a valores anecdóticos, apenas el 20% de la asignación legal lo que implicaría su práctica eliminación", ha apuntado. Aparte, ha detallado que eso también implicaría el aumento de la degradación ambiental y que sería una "fuente de disputas y conflictividad sociopolítica".
Luengo ha asegurado que la modificación de las reglas de explotación fijadas en la ley del Memorándum, supone un "ataque al trasvase". Se trata de algo, ha añadido, que se está viendo desde 2019 "cuando se produce el cambio de actitud del Gobierno de Sánchez sobre el trasvase, fue justo cuando dejaron de elaborarse informes de riesgo de explotación". En ese momento, ha añadido, "se inició la política de reducción arbitraria de las cantidades trasvasadas".
"Mes a mes se han ido produciendo recortes de los envíos. Se ha dicho que el canal se ha roto por las fuertes lluvias, que no es necesario enviar agua porque ha llovido en la cuenca del Segura*", ha dicho afirmando que son excusas para no trasvasar agua. "El momento elegido es inapropiado. Los cálculos para la modificación requieren de unos datos técnicos relativos a demandas, los datos aportados por el Ministerio son obsoletos", ha añadido.
El consejero, además, ha aportado datos sobre cuántos murcianos llegan a consumir la cantidad de agua siendo de 2,5 millones de personas en periodo invernal llegando a la cifra de 4 millones de personas en periodo estacional. A lo que el consejero ha apostillado que "el agua es vida".
A esos datos ha añadido que el trasvase genera 105.000 puestos de trabajo y que al cambiar las reglas de explotación se va a "negar los recursos necesarios para generar más de 3.000 millones de euros al PIB nacional". "Convertimos el agua en alimentos, exportamos comida, agua y vida. Podemos regar 55 millones de árboles frutales con esa agua", ha expuesto.
Por otro lado, el diputado socialista Alfonso Martínez Baños ha destacado que en su partido político socialista les "preocupa y mucho el problema del agua en la Región pero también les preocupa la situación del Mar Menor". Durante su intervención ha recordado al consejero que "en el año 2017 no se realizó el trasvase del Tajo al Segura por la sequía".
Así el diputado socialista le ha recordado al consejero Luengo sus palabras tras la reunión con la ministra Teresa Ribera "el Gobierno español no se plantea en ningún caso poner fin al Trasvase Tajo- Segura, tras esta reunión quedan despejadas todas las dudas y ruidos."
Desde el grupo parlamentario de Ciudadanos, el portavoz Francisco Álvarez se ha posicionado también a favor de "suspender de inmediato" la modificación "unilateral y fuera de criterios técnicos de las normas del Trasvase Tajo-Segura que está llevando a cabo el Gobierno de Sánchez". A su juicio habría que firmar "un Pacto Nacional del Agua, alejado de las 'guerras del agua' y adaptado al reto del cambio climático, un pacto que nos permita pasar de la cultura de la escasez y el reparto a la de la gestión y la eficiencia". Sobre las reglas de explotación del trasvase, advierte que "suponen la muerte del Trasvase".
El portavoz del grupo parlamentario VOX, Juan José Liarte, ha criticado el argumento realizado en donde los españoles caen en discursos egoístas. El diputado destaca que el principal problema del trasvase Tajo- Segura es "en el criterio del gobierno sociocomunista".
Por parte de Podemos, Rafael Esteban, considera que quedan dos meses para que llegue el borrador del Plan Hidrológico Nacional. "Es ahí donde todos tendremos que hacer nuestras aportaciones y encontrar un equilibrio en materia de agua que garantice la pervivencia del trasvase y aporte soluciones hídricas alternativas para la Región de Murcia y el sureste español", ha señalado. El parlamentario ha reclamado una "gobernanza de los recursos hídricos y una gobernanza del agua, de la que ustedes (en alusión al Gobierno regional) han sido capaces de dotarnos".
Finalmente, el diputado del PP Jesús Cano ha dicho que "ni siquiera es el momento ni el sectarismo del gobierno sociocomunista". El diputado ha explicado que "Pedro Sánchez va a cumplir su palabra, la que nos dio en abril de 2018, anunció el fin de los trasvases".
