La Región de Murcia es la segunda comunidad autónoma donde más creció la ocupación de viviendas en el año 2020. Así lo ha expuesto el consejero de Fomento e Infraestructuras, José Ramón Díez de Revenga, en la Asamblea Regional. Según ha dicho, en septiembre de 2020 había 282 casos, el doble que en 2019.
Díez de Revenga ha comparecido a petición propia en el parlamento regional para informar sobre la defensa de la propiedad privada y de las medidas contra la ocupación de viviendas. En ese sentido, ha manifestado que la ocupación "es un problemón creciente, espoleado por determinadas políticas".
De acuerdo a los datos aportados, entre enero y septiembre de 2020 se registraron 11.793 denuncias de delitos de ocupación, 43 denuncias al día en España. En el caso de Murcia, en septiembre de 2020 "teníamos ya 282 casos de ocupación. Casi el doble que en todo 2019. Es la segunda comunidad autónoma donde más ha crecido la ocupación en 2020".
"La ocupación es un delito, ocasiona miedo y pánico a muchas familias. Es un reto fundamental del Estado. Exigimos al Gobierno central que actúe para atajar este problema, que modifique las leyes", ha dicho pidiendo a los grupos parlamentarios que no se caiga en este debate en las descalificaciones personales.
Durante su intervención ha anunciado que la Consejería de Fomento va a firmar convenios con los colegios de abogados de Murcia, Cartagena y Lorca para asesorar de forma gratuita a los propietarios afectados por la ocupación de viviendas. "Vamos a firmar convenios para dar asesoramiento gratuito a todos aquellos que se ven afectados por la ocupación para crear cuerpos específicos y especializados que luchen contra este resquicio legal", ha afirmado.
Sobre el acceso a la vivienda, el consejero considera que "es más importante que nunca garantizar un hogar para todos y cada uno de los habitantes de la Región de Murcia". Según ha manifestado, "cuando las familias pierden su hogar se destroza su vida. Discrepamos en cómo se consigue el objetivo pero no el objetivo en sí". Sin embargo, ha recordado que el posicionamiento del Gobierno en este sentido es que "para conseguir esos hogares se haga desde la libertad, de forma asequible, haciendo funcionar el libre mercado".
Entre las medidas que se han puesto en marcha en este sentido ha recordado que se han aprobado ayudas de alquiler por 16 millones euros dirigidas a las familias en ERTE o que han perdido el trabajo por la Covid-19 para que pudieran conservar su hogar. Del mismo modo, ha dicho que hay unas ayudas de auxilio social por valor de 3,1 millones canalizadas a través de ONG. En este caso, las ayudas van destinadas a garantizar la permanencia de sus hogares en los colectivos más vulnerables.
La Región también ha invertido 1,5 millones de euros para la compra de más de 20 viviendas para personas sin techo. "Hemos alojado a chabolistas, personas sin techo, para cimentar ese proyecto de vida y hacerlos crecer", ha matizado. Además, ha recordado que otro proyecto que tienen en marcha es hacer propietarios a los inquilinos de viviendas sociales que llevan más de 25 años pagando por su vivienda.
El consejero ha advertido que no pueden estar de acuerdo en planteamientos que defienden "gigantescos parques de viviendas públicas, que hacen que los ciudadanos sean dependientes del Estado para obtener esa vivienda". Según ha dicho, el 20% de viviendas públicas lo que hace es que 1 de cada 5 familias tenga que vivir de una vivienda pública, "eso nos suena a regímenes de otros tiempos que han resultado ser fallidas".
Ha apuntado que "la inmensa mayoría de las ocupaciones las hacen caraduras. La mayoría de las ocupaciones no es por auxilio social, en auxilio social tenemos otros caminos para ayudar a estas personas".
Por parte de los grupos parlamentarios, la socialista Consagración Martínez considera que hay que abordar la otra dimensión del problema de la ocupación que se genera por necesidad y por el drama de muchas familias en exclusión social.
El portavoz de VOX, Juan José Liarte, ha advertido al consejero que si un determinado comportamiento es antijurídico, "es ilegal, lo que menos nos tiene que importar es el volumen de casos que coyunturalmente se den un año u otro, lo importante es que es inaceptable".
El diputado de Podemos Rafael Esteban ha manifestado que "toda persona tiene derecho a disponer de una vivienda digna y la tutela de eso corresponde a los poderes públicos".
El portavoz de Ciudadanos, Francisco Álvarez, ha señalado que "de lo que se trata es de que los vecinos puedan vivir tranquilos". A su juicio, "no hay derecho que haya familias en la calle que no puedan recuperar su vivienda y que estén desamparadas". En ese sentido, ha dicho que el Estado "sigue mirando para otro lado".