La distribución del plan de solvencia empresarial sitúa a Murcia como la tercera CCAA que recibe menos dinero por habitante

El Gobierno regional denunció hoy "el nuevo castigo del presidente Sánchez a la Región de Murcia" con un reparto del plan de ayudas directas a las empresas "que da a cada murciano 54 euros menos que al resto de españoles y que la vuelve a situar a la cola en el reparto de fondos para luchar contra la pandemia".

En concreto, y según los datos definitivos conocidos hoy, la Región de Murcia recibirá 142,5 millones de euros de los 7.000 de la línea de ayudas directas a empresas y autónomos. El consejero de Presidencia y Hacienda, Javier Celdrán, recordó que la Región, a pesar de representar el 3,2 por ciento de la población española, "apenas va a recibir el 2 por ciento del fondo".

Esos 142,5 millones de euros suponen 95 euros por habitante, 54 euros menos que la media nacional (148,85 euros por habitante), y muy alejado de otras comunidades como Valencia, que recibirá 129 euros por habitante.

El titular de Hacienda lamentó en este sentido que este reparto "como ya ocurriera con el fondo Covid y las ayudas europeas, se ha convertido en una nueva muestra de la nula preocupación del presidente Sánchez por el futuro de la Región de Murcia y de sus habitantes".

"Es además un plan improvisado y mal diseñado, con ayudas insuficientes y que llega tarde y, lo que es más grave, que va a dejar fuera a miles de empresas de la Región por insuficiente y que excluye actividades como el calzado o el transporte de mercancías", ha añadido.

Para Celdrán, "este plan es también un ejemplo más del menosprecio del Gobierno central a las comunidades. En lugar de convocar el Consejo de Política Fiscal y Financiera, nos han impuesto este plan sin darnos la oportunidad de dialogar, debatir, opinar o participar".

Finalmente, denunció "la falta de lealtad institucional del Gobierno central, ya que además de imponernos la gestión de un plan confuso e improvisado nos han trasladado la responsabilidad de su aplicación, y seremos las comunidades las que tendremos que responder ante Europa y ante el Tribunal de Cuentas por una iniciativa mal diseñada en la que no nos han tenido en cuenta".