La Comunidad establece un protocolo exprés para garantizar la permanencia en el hogar de afectados por la crisis

La Comunidad Autónoma difunde un protocolo de atención primaria para garantizar la permanencia en el hogar de las personas afectadas por la crisis como consecuencia de la pandemia del coronavirus. Es una guía dirigida a las familias en riesgo de perder su vivienda que contiene los pasos a seguir para buscar una solución a sus insolvencias económicas sobrevenidas.

La prioridad del Ejecutivo regional es ofrecer un asesoramiento personalizado para aliviar la angustia de las familias que se ven abocadas a sufrir dificultadas económicas provocadas por el coronavirus, informaron fuentes de la Comunidad en una nota de prensa.

El consejero de Fomento e Infraestructuras, José Ramón Díez de Revenga, ha presentado este miércoles el protocolo, "que es una hoja de ruta de auxilio exprés" realizado por el Servicio de Mediación de la Vivienda de la Región de Murcia, con el que "de una manera sencilla y comprensible, puedan conocer las herramientas que tienen a su alcance para negociar con arrendadores o entidades bancarias, y mantener sus viviendas".

"Pretendemos adelantarnos a situaciones de impago de hipoteca o alquiler, asistir a aquellos que ya se encuentren en un situación grave y evitar, en cualquiera de los casos, que ninguna familia se vea obligada a abandonar su hogar", ha explicado el consejero.

Las familias que tengan dificultades económicas para afrontar los gastos de su vivienda pueden contactar con el Servicio de Mediación de la Vivienda, a través del teléfono 012, donde se les darán soluciones específicas para su caso particular gracias a un asesoramiento jurídico-financiero integral.

"El Gobierno regional responde a los retos planteados por la crisis sanitaria en materia de hogar, y por eso reforzamos los servicios de información y asesoramiento para atender las necesidades de las personas en el actual escenario económico", ha declarado el titular de Fomento, quien ha insistido en la importancia de "adelantarse y prevenir los impagos". Asimismo, ha aconsejado acudir a este servicio gratuito "cuanto antes porque tendremos mayor capacidad para ayudar".

Díez de Revenga ha anunciado que su departamento ha editado un folleto que recoge el protocolo de actuación ante dos supuestos. El primero es para aquellas personas que han recibido una notificación de demanda judicial por impago de la hipoteca o alquiler, a los que se les informa que pueden disponer de un abogado de oficio y solicitarlo a través del Colegio de Abogados más próximo.

También se les indica que acudan a los Servicios Sociales de su municipio y pidan cita en el Servicio de Mediación de la Vivienda a través del teléfono 012.

Estos pasos también pueden seguirse en el segundo supuesto, el referido a aquellas personas que detecten problemas para afrontar los pagos de su vivienda pero aún no se haya iniciado el procedimiento judicial.

AYUDAS REGIONALES

Díez de Revenga ha recordado el "amplio abanico" de ayudas económicas que la Comunidad pone a disposición de los ciudadanos para hacer frente al pago de la renta de los alquileres de sus hogares.

Por un lado, están las ayudas para el auxilio social de las familias, destinadas a paliar situaciones de emergencia como el desahucio, que gestiona en colaboración con Cáritas, Jesús Abandonado y Columbares. Por otro lado, las subvenciones de hasta 3.000 euros habilitadas para las familias que han visto reducidos sus ingresos por pérdida de empleo, un ERTE o reducida su jornada laboral o actividad.

En materia de vivienda social, el responsable regional explicó que el Ejecutivo regional ha puesto a disposición de las familias residentes durante más de 25 años la posibilidad de ser propietarias de las mismas, "lo que permite ahorrar el alquiler y destinarlo a otras necesidades.

También en último año se ha incrementado el parque de viviendas sociales para facilitar una vivienda a personas sin hogar; se han invertido más de 13,7 millones para mejorar el parque de viviendas sociales en los últimos 10 años; y se eximió a 1.845 familias residentes en viviendas sociales del pago del alquiler durante todo el confinamiento.