Investigan un agricultor en San Javier por extraer agua subterránea y verter salmuera al acuífero cuaternario

Han sido precintados un sondeo clandestino y dos desalobradoras, una de ellas oculta en un zulo artesanal

SAN JAVIER (MURCIA), 5 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil de la Región de Murcia y la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), en el marco de los servicios de vigilancia y control para prevenir y perseguir la extracción de aguas subterráneas y el vertido de residuos, han desarrollado en San Javier la operación 'Copito', en la que ha resultado investigado el propietario de una explotación agrícola, al que se le ha instruido diligencias como presunto autor de dos delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente.

La operación, que aún continúa abierta, se encuentra enmarcada en los planes operativos 'Mizu II' y '30 Días en el Mar', ambos desarrollados por la Benemérita para luchar tanto contra la extracción ilícita de agua como contra los vertidos contaminantes, según informaron fuentes de la Benemérita en un comunicado.

Las actuaciones se iniciaron el pasado año, cuando efectivos del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Benemérita y de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) hallaron una desalobradora con un depósito subterráneo en el interior de una nave de una explotación agrícola de San Cayetano, término municipal de San Javier.

Los agentes realizaron un muestreo del contenido del depósito subterráneo y, fruto de su análisis, se constató que era altamente contaminante. Además, el depósito estaba sin impermeabilizar, por lo que el contenido del depósito se vertía directamente al acuífero cuaternario del Campo de Cartagena.

También se detectó un sondeó clandestino, que alimentaba a una de las desalobradoras. Para llegar hasta el mismo, ya que se encontraba oculto para dificultar su localización, había que retirar unas ramas de romero, una capa de tierra, unos plásticos y, finalmente, bajo una chapa de metal se accedía al mismo. Una vez retirados todos los elementos se alumbraba una arqueta que contenía el sondeo con fluido eléctrico y bomba de extracción, aunque carecía de caudalímetro.

Durante las inspecciones, lo que más ha llamado la atención ha sido un zulo, tipo búnker, de unos seis metros de longitud, con una altura de unos dos metros y medio, así como dos metros de ancho, que albergaba en su interior una desalobradora. Para acceder a ésta había levantar unas ramas de romero que ocultaban un palé, tras éste había que retirar una chapa metálica que daba acceso a una arqueta que se encontraba a un metro profundidad y allí, abriendo una compuerta, se accedía a la segunda desalobradora.

Finalmente los agentes han precintado e inutilizado el sondeo y las dos desalobradoras clandestinas hallados, evitando con ello los sondeos ilegales y que se produzcan más vertidos al Mar Menor.

Por los hechos delictivos detectados en la finca agrícola, los guardias civiles del SEPRONA han investigado al responsable de la explotación como presunto autor de dos delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente, uno por la extracción de aguas subterráneas y otro por el vertido de residuos (salmuera).

DELITO CONTRA LOS RECURSOS NATURALES Y EL MEDIO AMBIENTE

La Guardia Civil recuerda que comete este delito el que el que, contraviniendo las leyes u otras disposiciones de carácter general protectoras del medio ambiente, provoque o realice directa o indirectamente emisiones, vertidos, radiaciones, extracciones o excavaciones, aterramientos, ruidos, vibraciones, inyecciones o depósitos, en la atmósfera, el suelo, el subsuelo o las aguas terrestres, subterráneas o marítimas, incluido el alta mar, con incidencia incluso en los espacios transfronterizos, así como las captaciones de aguas que, por sí mismos o conjuntamente con otros, cause o pueda causar daños sustanciales a la calidad del aire, del suelo o de las aguas, o a animales o plantas.

Este delito, tipificado en el vigente Código Penal, es castigado con penas de prisión de seis meses a cinco años, multa de diez a veinticuatro meses e inhabilitación especial para profesión u oficio por tiempo de uno a tres años, según las mismas fuentes.