El abogado Francisco Ángel Hernández asegura que hay resquicios legales para hacer frente a la okupación de viviendas. El experto en Derecho ha explicado ante la Comisión de Política Territorial, Medio Ambiente, Agricultura y Agua que la Comunidad tiene las competencias de Urbanismo o seguridad en viviendas y que se podría regular una pérdida sobrevenida de la habitabilidad cuando se denuncie una okupación ilegal.
Según ha manifestado, si desde la Comunidad se inicia ese procedimiento la vivienda en la que se encuentren los okupas no tendría derecho a los suministros básicos. "Cuando una vivienda no tiene la condición de habitable no puede tener ni agua ni luz ni gas. Se le puede ordenar a los suministradores, a los comercializadores o a los distribuidores que así lo practiquen".
El problema de la okupación ilegal de viviendas ha sido uno de los principales problemas con los que los partidos políticos llevan enfrentándose años. Y la base del nacimiento y auge de empresas de desokupas en Murcia.
Ese sería, ha dicho, "el conducto oficial", aunque en segunda instancia ha matizado que en estos casos se podría "constituir un delito de desobediencia a la autoridad".
Según ha dicho, las leyes de Vivienda o la de Ordenación Territorial de la Región son "un apoyo muy normativo para que pueda establecerse ese procedimiento".