Los investigadores de la ONU acusan a Maduro y han denunciado que en Venezuela se han registrado crímenes de lesa humanidad perpetrados o avalados por el Gobierno. El patrón tiene unas ramificaciones que se extienden hasta el propio presidente, Nicolás Maduro. Para él, se podría solicitar la intervención del Tribunal Penal Internacional -TPI-.
La misión no ha podido visitar Venezuela por la negativa del Ejecutivo de Maduro a facilitar sus pesquisas. Ha investigado más de dos centenares de casos y ha concluido, en un informe de 443 páginas que se ha cometido ejecuciones extrajudiciales. Además, que se han dado detenciones arbitrarias y tortura en el país sudamericano.
Concluye que tanto el Gobierno como los grupos afines han cometido violaciones "fragantes" de los Derechos Humanos. Hasta el punto de que se han identificado patrones "coordinados" con políticas del Estado y mantenidos de forma sistemática. Esto equivaldría a crímenes de lesa humanidad.
El presidente Maduro, así como sus ministros del Interior y Defensa, Néstor Luis Reverol y Vladimir Padrino, tenían conocimiento de los crímenes que se estarían cometiendo, según los expertos. Consideran que estas tres autoridades dieron órdenes, coordinaron actividades y suministraron recursos para que siguiesen cometiéndose los abusos, que se remontarían al año 2014.
Investigadores de la ONU acusan a Maduro
La presidenta de la misión, Marta Valiás, ha subrayado en un comunicado que, "lejos de ser actos aislados, estos crímenes se coordinaron. Se cometieron con la conformidad de las políticas del Estado, con el conocimiento o el apoyo directo de los comandantes y de altos funcionarios del Gobierno".
Así, en el caso de las ejecuciones extrajudiciales, no podrían atribuirse a "falta de disciplina" de las fuerzas de seguridad. Sino que parecen "forma parte de una política de eliminación de miembros no deseados de la sociedad bajo la cobertura de lucha contra el crimen", según Valiñas.
No en vano, la misión ha investigado 16 casos de operaciones policiales, militares o conjuntas. Dieron lugar a 53 ejecuciones extrajudiciales. También ha examinado más de 2.500 incidentes adicionales en los que casi 5.100 personas murieron a manos de las fuerzas de seguridad. Si bien todos estos casos serían igualmente arbitrarios.
El Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas -CICPC- y las Fuerzas de Acción Especial -FAES- de la Policía Nacional Bolivariana -PNB- son responsables de casi seis de cada diez de las muertas perpetradas. Así como autores de las ejecuciones extrajudiciales documentadas en el informe.
Fuente: Europa Press.