jueves, agosto 5, 2021
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Monasterio hecho pedazos

En la diputación cartagenera del Rincón de San Ginés se iniciaron los cultos mozárabes allá por el siglo XI en unos terrenos sobre los que, tras un tiempo con una ermita del siglo XIII, los franciscanos levantaron en el siglo XVI un monasterio dedicado al patrón de Cartagena.

Este monasterio fue desamortizado en el siglo XIX y a partir de ahí comenzó su decadencia. La obtención en 1992 de la máxima protección jurídica que existe para el patrimonio histórico, la declaración como Bien de Interés Cultural, no ha servido para frenar a los vándalos ni el deterioro por el paso del tiempo.

Hay que peguntarse ¿cómo es posible? Se trata, al fin y al cabo, no sólo de una dejación de funciones de los propietarios (a los que la ley obliga a la correcta conservación del monumento) sino también de la administración regional, que (como organismo competente), por ley, debería de obligar al propietario a que lo conserve en condiciones o actuar de forma subsidiaria y luego pasarle la factura.

Pero ante estos dos incumplimientos de la ley de patrimonio, cuando nos encontramos con un muro caído en cinco trozos, debería de actuar el Ministerio de Cultura en defensa del patrimonio si el ejecutivo autonómico hace dejación de sus funciones.

También en ese caso tiene una especial responsabilidad del Ayuntamiento, no solo por su obligación legal de velar por la conservación del patrimonio, sino por el deber de hacer cumplir el programa de actuación firmado en 2006 que incluía como compromiso complementario la rehabilitación del monasterio por parte de su propietaria, la empresa Hansa Urbana.

Es cierto que la macrourbanización de 6.000 casas que pretendía realizar esta compañía era una aberración contra el Mar Menor y que ello conlleva una investigación de si hubo presunta corrupción en la recalificación. Además, yo diría que para el entorno de un BIC como es el monasterio tampoco era lo más adecuado. Pero el hecho de que se haya anulado el proyecto de reparcelación por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 2012 (con la sentencia ratificada por el TSJ en 2013) y la suspensión temporal del segundo proyecto de reparcelación, de 2018, no puede ser la excusa para que los propietarios no rehabiliten el edificio histórico y menos para que no velen por su conservación, tal y como se afirma en la sentencia de 2016 y ratifica ahora un informe municipal.

De hecho, en 2012 la Junta de Gobierno Local requirió para que en diez días “adoptara las medidas constructivas y de seguridad necesarias para evitar la degradación de la edificación y cualesquiera otras que resulten precisen para su mantenimiento”, añadiendo un plazo de un mes para que iniciara las obras de restauración en los términos de la licencia concedida en 2007. En ese momento también se daba vía libre para que, en el caso de que la empresa no comenzara la actuación, el Ayuntamiento iniciara “de inmediato la ejecución subsidiaria de la obra”, siendo por cuenta de Hansa Urbana cuantos gastos, daños y perjuicios se puedan derivar de esta actuación.

Ante el recurso de la empresa contra este acuerdo, el TSJ declaró que el mismo era plenamente válido. Por ello, la Plataforma Ciudadana Virgen de la Caridad ha conseguido algo sin precedentes en la ciudad: que en un valiente informe la jefa de los servicios jurídicos de gestión urbanística del Ayuntamiento recuerde a su concejal, que es la alcaldesa, que ante esta paralización deberá acordar la ejecución subsidiaria. Ya han pasado nueve años de aquel ultimátum. Sólo hubo un paréntesis, al principio de la pasada legislatura, en el que parecía que se había iniciado esta restauración (quizás con demasiado cemento para una construcción de estas características), aunque los trabajos se pararon y el estado del monasterio ha seguido empeorando.

Es el momento de que el Ayuntamiento abandone la pasimonia adoptada desde 2018 por la alcaldesa en este tema y ejecute sus propias resoluciones con la inmediata rehabilitación del inmueble.

Pero, en definitiva, cuatro son los responsables del lamentable estado del monasterio: Hansa Urbana (como propietarios) y la Comunidad Autónoma, el Ayuntamiento y el Estado por no hacer cumplir la ley ni actuar de forma subsidiaria ¿alguno hará algo o dejarán que se siga cayendo? Recordemos que el patrimonio perdido ya es irrecuperable.

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