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domingo, octubre 24, 2021
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¿Y si la solución es la Ley de Segunda Oportunidad?

Cada vez son más los particulares y autónomos que se ven con problemas de solvencia por culpa de la Covid-19. Ante la indecisión sobre qué hacer, los hay que prefieren pasar página y se acogen a la Ley de Segunda Oportunidad.

Imaginen que hace años les dio por abrir un negocio o montar una empresa con el dinero que habían ahorrado anteriormente. Seguro que cuando planeaban cómo sería este proyecto ni por asomo se planteaban pasar por una situación de inestabilidad económica y social como la actual. Dado que la vida no siempre sigue el curso que uno desea y los malos momentos existen, es necesario conocer todas las soluciones legales que están a disposición de autónomos o particulares. Una de las más sonadas en los últimos meses es la Ley de Segunda Oportunidad.

¿Qué permite este mecanismo?

Es un salvavidas económico para cualquier persona que se vea con el agua al cuello, una opción más que interesante para abandonar las deudas del pasado y volver a empezar con el contador a cero. En vigor desde el año 2015, este mecanismo legal permite exonerar, es decir perdonar parte o la totalidad de las deudas contraídas de buena fe.

Y es que no son precisamente pocos los casos de particulares y autónomos que ya en su momento se vieron en la necesidad de pedir un préstamo para enmendar su maltrecha situación económica y que ahora sufren aún más a raíz de la falta de ingresos por los meses de inactividad o actividad reducida. 

Con la Ley de Segunda Oportunidad, tal y como se explica en la exposición de motivos del Real Decreto Ley 1/2015, se ofrece la posibilidad de encarrilar nuevamente la vida e incluso arriesgarse a nuevas iniciativas a aquellas personas que hayan pasado por un fracaso económico empresarial o personal. De esta manera, se permite que no arrastren indefinidamente una losa de deuda que difícilmente podrán satisfacer. 

¿Para qué perfil de persona será más adecuada?

El letrado murciano José Simarro Peñalver de Simarro Abogados es un gran conocedor de esta ley y reconoce que resulta especialmente interesante para “aquellas personas que por circunstancias sobrevenidas no pueden hacer frente a sus deudas”. Esto puede deberse a circunstancias como “un fracaso empresarial, la pérdida de empleo y no acceso a uno nuevo en un periodo prolongado, una disminución sustancial de ingresos o un aumento exponencial de gastos debido a una grave enfermedad”. 

Todo esto lo resume en “aquellos deudores de ‘buena fe’ que no puedan hacer frente a sus pagos por circunstancias ajenas a su voluntad y siempre y cuando no sean declarados culpables en el concurso de acreedores”. En esta premisa, Simarro Peñalver ya deja entrever algunos de los requisitos para poder acceder a la exoneración del pasivo insatisfecho y ser reconocido como ‘deudor de buena fe’.  Estos son: no haber sido condenado por delitos contra el patrimonio, Hacienda, Seguridad Social, o aquellos que atenten contra los derechos de los trabajadores en los 10 años anteriores a la declaración de concurso; haber celebrado un acuerdo un intento de extrajudicial de pagos y no haber obtenido el beneficio de la exoneración de pagos en la última década. Además, eso sí, de eludir la culpabilidad en el concurso de acreedores.

En cambio, el propio Simarro Peñalver reconoce que no merecería la pena recurrir a este mecanismo en aquellas ocasiones “en las que el supuesto de deuda sea inferior a 20.000€”. El motivo es que por los gastos que conlleva el asesoramiento y previo estudio del caso puede no ser rentable. 

¿Cuáles son los procedimientos a seguir?

Elisabet de Vargas Capella del despacho Abogados para tus deudas detalla qué procedimientos han de seguirse para poder acogerse a esta norma. La abogada distingue principalmente tres etapas a tener en cuenta, siendo la primera fase meramente documental ya que “consiste en la elaboración de un informe detallado sobre la insolvencia del cliente”, para ver si puede o no acceder a este principio.

Una vez recabada la información necesaria y en el caso de reunir las características acordes a lo citado por la ley, se pasaría a la segunda fase: la de mediación. Elisabet de Vargas Capella explica que “se le presentará un plan de pagos detallado al mediador concursal, teniendo en cuenta las particularidades del solicitante”. El objetivo es “que se pueda llegar a un primer intento de acuerdo extrajudicial de pagos que sea asumible para la persona jurídica o autónomo y no le impida vivir dignamente”.

La tercera fase sólo existirá si no se alcanza un acuerdo con los acreedores en la mediación. En este caso, habría que acudir a la vía judicial que, resumiendo brevemente, “está dirigida a solicitar ante el Juzgado la exoneración de toda la deuday que más adelante se confirmará con la sentencia del Juez. 

La utilidad de la Ley de Segunda Oportunidad es tal, que la propia letrada reconoce haber gestionado en los últimos meses “la liberación de una deuda que ascendía a más de 23.000€ en una mujer que tenía varios préstamos personales y tarjetas con diferentes bancos asociadas a su nombre”. Es indudable que esta opción cada vez está ganando más peso en la lucha contra los estragos económicos de la Covid-19. Existe una solución para rechazar la huida hacia adelante y volver a empezar.

 

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