El Gobierno ha aprobado este martes en Consejo de Ministros la prórroga hasta el próximo 31 de octubre del escudo social. En el se incluye la suspensión de los desahucios sin alternativa habitacional para familias vulnerables, la moratoria en el pago de alquileres y la prohibición de cortes de luz, agua y gas.
"Una prórroga a ese escudo social que es la protección de los más vulnerables en diferentes ámbitos. Me refiero al de los suministros energéticos, de protección de la vivienda, para evitar que tengan que abandonar sus hogares como consecuencia de la situación de pandemia, y en la protección de los servicios esenciales a las víctimas de violencia de género". Así lo ha explicado la ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el último antes de las vacaciones de verano, Rodríguez ha añadido que "ojalá" el 31 de octubre, cuando acabe esa prórroga, "los indicadores sanitarios permitan decir entonces que España se puede enfrentar al futuro sin el escudo".
El pasado mes de mayo, el Consejo de Ministros ya aprobó la ampliación del escudo social hasta el 9 de agosto
Se trata de una propuesta del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática. En coordinación con el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 y el Ministerio de Igualdad.
En concreto, se prorroga la suspensión de los desahucios sin alternativa habitacional a las personas en situación de vulnerabilidad. La prohibición de cortes de suministro de agua, luz y gas. La ampliación del derecho al bono social para determinados colectivos en situación de vulnerabilidad y la ampliación de la solicitud de prórroga del contrato de alquiler durante un plazo máximo de 6 meses.
También figuran las medidas sobre grandes propietarios
De forma que cuando el inquilino se encuentre en situación de vulnerabilidad y el arrendador sea una empresa o entidad pública de vivienda o un gran tenedor --persona física con más de diez viviendas--, podrán solicitar la moratoria o condonación parcial de la renta.
Igualmente, el escudo social contempla la consideración como esenciales de los servicios de protección y asistencia a las víctimas de violencia de género. Incluyendo los servicios de información 24 horas, los servicios de acogida y el sistema de seguimiento del cumplimiento de medidas cautelares.