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jueves, mayo 26, 2022

El COPRM reclama psicólogos en los equipos interprofesionales de los centros de servicios sociales de atención primaria

El Colegio Oficial de Psicología de la Región de Murcia (COPRM) ha reclamado la presencia de los psicólogos en los equipos interprofesionales dentro de la estructura de los centros de servicios sociales de atención primaria y en los servicios especializados.

Esto permitirá alcanzar los fines de “sensibilización y promoción del buen trato a la infancia, así como la atención cuando el daño es un riesgo o una realidad cuya reparación es un derecho fundamental para todo niño, niña o adolescente cuya situación cuestione su integridad psicológica y, por tanto, su desarrollo integral”, según han informado fuentes del colegio oficial.

Esta semana ha tenido lugar una reunión entre la Dirección General de Familias y el COP Región de Murcia, a esta reunión a propuesta de la Directora General a propósito de la implantación de la nueva ley de protección integral a la infancia y adolescencia frente a la violencia (LOPIVI) acudió la Directora General Silvia Muñoz, el subdirector de Familia, la decana del Colegio Oficial de Psicología de la Región de Murcia, María Fuster y la vocal de la Junta de Gobierno y responsable del área de psicología de intervención social del COP, Cristina Pastor.

Esta Ley recoge en su artículo 12 el derecho de los menores a una atención integral, incluyendo la atención psicológica a la víctima y a la unidad familiar.

Los datos señalan que “las condiciones de adversidad temprana, vulnerabilidad y riesgo o situación de pobreza en la infancia inciden en una mayor prevalencia en los problemas de socialización y desprotección por situaciones de violencia, tales como el maltrato intrafamiliar, o el estigma asociado a la exclusión y a las situaciones de pobreza”.

Las representantes del colegio entienden que la vulnerabilidad y la exclusión es algo que no tiene espera y que el interés superior del menor no puede relegarse a otras consideraciones, por muy legítimas que éstas sean. Por tanto, “las planificaciones presupuestarias han de considerar la urgencia de esta aplastante y dramática realidad. El malestar, su cronificación y el daño, no esperan”, han advertido.

Por ello, el COPRM ha ofrecido a la Dirección General su colaboración para diseñar dos proyectos fundamentales en la atención a la infancia y adolescencia en relación con la LOPIVI en la línea del espíritu de la ley.

Uno dirigido a formar parte desde la estructura de los servicios sociales de atención primaria y especializados en donde la atención psicológica sea una prioridad para garantizar por esta Dirección General y su Consejería, por tanto, dirigido al diseño en la cobertura de las necesidades psicológicas esenciales a cubrir desde los equipos interprofesionales.

Y otro, donde quede específicamente incardinado en el primero, las líneas de actuación que han de ser garantizadas desde la prevención y erradicación del abuso sexual en la infancia y adolescencia, articulando y en colaboración con otros servicios ya existentes, frecuentemente desbordados por la casuística, en una temática de especial complejidad y gravísimo alcance.

Ambos proyectos requieren que los profesionales de la Psicología en el ámbito social formen parte de los equipos interdisciplinares municipales como única forma de garantizar la estabilidad en la atención a la infancia y adolescencia.

Al igual, que consideran “imprescindible” aumentar las plantillas de psicólogos en esta dirección general, pues, han justificado, “su presencia es meramente testimonial”.

En el Servicio de Familia según los datos disponibles por la corporación, “solo hay un psicólogo en la plantilla de estructura”. “Lo preocupante es que sin la figura de estos profesionales difícilmente será incluida la mirada de la psicología, imprescindible para su abordaje, que ha de ser considerado como un derecho fundamental a garantizar en cualquier situación de riesgo, y ni que decir, de desamparo”, han advertido.

De otro modo, “no estará presente ni garantizada la adecuada valoración de la persona menor, ni los planes de intervención dependientes de adecuados diagnósticos psicológicos, desde cuyos dictámenes deberían orientarse las decisiones pertinentes a cualquier medida de protección”, han incidido.

En esta línea, han defendido que “los servicios sanitarios solo han de estar reservados ante la presencia de psicopatología y han de ser utilizados solo cuando sean pertinentes”.

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