El plan también daba un toque de atención a los consistorios, ya que obligaba a los ayuntamientos a que no se empadronara a nadie que viviera en una vivienda ilegalmente. Al mismo tiempo que lanzaba un paquete de ayudas para la protección de los vecinos afectados. El PP buscaba con esta nueva ley defender la propiedad privada de cada uno y atacar la ocupación como un echo penal.
Ana Zurita, Diputada por el Partido Popular, fue la encargada de defender la proposición en el Congreso de los Diputados. Quiso recalcar al Gobiernos que " hay que diferenciar entre frenar un desahucio y amparar un delito".
En contra, los partidos del Gobierno de coalición, PSOE y Unidas Podemos, más Bildu, ERC, Compromís o el BNG, partidos que siempre han defendido la política de vivienda. Se han referido a la propuesta de los populares como "anécdota, innecesaria y supérflua". La iniciativa del PP abría la puerta un tema que leva coleando las salas del congreso desde hace tiempo, y no es más que dar poder de defensa jurídica a las Comunidades de Propietarios.
Casado realizaba este anuncio justo una semana después de que arrancase en la Audiencia Nacional el juicio por el presunto pago de las reformas de la sede del PP con dinero negro y por el que el extesorero del partido se enfrenta a otros años de prisión.